El pleno del Ayuntamiento de Eibar trató a puerta cerrada el controvertido relevo al frente de la Policía Municipal

El relevo del jefe de la Policía Municipal marcó en buena medida el desarrollo del pleno que celebró el Ayuntamiento de Eibar la tarde del lunes.

Decisión controvertida

La controversia entre los dos socios de gobierno, PSE-EE y PNV, a raíz de una decisión personal del alcalde, Jon Iraola, en la que no tuvo en cuenta a la formación jeltzale, y la falta de información y transparencia en todo lo relacionado con este tema, denunciada tanto por el grupo municipal nacionalista como por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, estuvieron muy presentes en la sesión.

Iraola manifestó que el ámbito de la seguridad es competencia directa suya y, por lo tanto, ha sido su responsabilidad el relevo de Julen Saldias como jefe de la Policía Municipal.

Sin embargo, puntualizó que no se trata de un cese ni de una destitución.

Comisión de servicios

Recordó que Saldias tomó posesión de su cargo en Eibar en comisión de servicios, con un plazo inicial de un año que podría prorrogarse a tres.

“Ese primer plazo finalizaba el 20 de enero y en mi condición de responsable político de la Policía Municipal, opté porque no continuara, atendiendo tanto al interés de la propia Policía Municipal como al hecho de que el trabajo en el Ayuntamiento se lleve a cabo de la mejor manera posible. Se trata, simplemente, de la no renovación de una comisión de servicios, algo habitual en la administración”, explicó el secretario municipal.

Derecho al honor y la intimidad

En relación con las críticas por falta de transparencia, Iraola manifestó su voluntad es dar a conocer el contenido de la resolución que justifica su decisión en el transcurso de la Comisión Asesora de Personal anunciada para la jornada de hoy, martes, aunque abrió la puerta a explicar los motivos en el propio pleno, siempre que se contemplara lo que dice la ley en lo relativo al derecho al honor y a la intimidad.

Esta propuesta dio paso a la intervención del secretario municipal, que explicó a los ediles las razones de este posicionamiento y las consecuencias que puede tener debatir en público temas que afectan al ámbito privado del trabajador y a la labor que desempeña.

“Conforme a la normativa, el debate y la votación pueden ser secretos si el asunto afecta al derecho al honor y a la intimidad contemplados en el artículo 18 de la Constitución. Para determinar cómo se va a tratar el tema se requiere mayoría absoluta. Si finalmente se aprueba un debate abierto, la persona afectada podría exigir responsabilidades a quienes hayan votado a favor de tratar esos temas en público si considera vulnerados sus derechos”.

Ni público ni cámaras

Tras esta intervención, se hizo un receso de cinco minutos en el pleno para que las formaciones decidieran qué votar.

Tras reanudar la sesión, acordaron por unanimidad que el tema se tratara a puerta cerrada, sin público en la sala y sin la presencia de las cámaras.

Un cuarto de hora después y, una vez presentada la resolución, la sesión continuó con normalidad, sin que trascendiera lo que allí se habló.