La comunidad energética Ekindar, impulsada por el Ayuntamiento de Azpeitia, ha superado de forma definitiva el proceso judicial que la ha acompañado desde 2022. Así lo dio a conocer la alcaldesa, Nagore Alkorta en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que estuvo acompañada por miembros la comunidad energética.
El Tribunal Supremo ha inadmitido la solicitud del recurso de casación del sindicato agrario Enba contra el parque fotovoltaico instalado en Urrestilla, ratificando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ya desestimó anteriormente tanto la denuncia del sindicato como la de un vecino de la localidad.
Proceso administrativo
La comunidad energética, que a día de hoy cuenta con más de 500 asociados, comenzó a gestarse en junio de 2021, tras la aprobación inicial del proyecto mediante un decreto de la alcaldía. A partir de ahí, se inició el proceso para obtener los informes sectoriales requeridos.
Entre ellos, destacaban los de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y la Dirección General de Ordenación del Territorio, de carácter preceptivo y vinculante, y necesarios para un proyecto en suelo no urbanizable como Ekindar. Ambos fueron favorables, lo que alentó al Ayuntamiento y a las entidades y personas implicadas a seguir adelante.
Informe desfavorable
En marzo de 2022, sin embargo, el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa emitió un informe desfavorable en base al valor agrario del terreno en el que se iba a instalar el parque fotovoltaico. "El documento llegó diez meses después de haber sido solicitado, superando el plazo de dos meses exigidos por la ley lo que, según la normativa foral aplicable al caso, resta fuerza vinculante a informes que no son preceptivos como sucede con el del departamento foral.
Además, se contraponía a informes favorables al proyecto emitidos por otras entidades,, como el de la Dirección General de Ordenación del Territorio que calificó a Ekindar de un proyecto de interés público", manifestó Nagore Alkorta. Esta discrepancia marcó el inicio de un conflicto interinstitucional que no pudo resolverse mediante el diálogo
Aprobación en pleno y recurso
Convencido de la legalidad del proyecto, el Ayuntamiento decidió seguir adelante. El Plan Especial fue aprobado por el pleno en septiembre de 2022, con los votos de EH Bildu y la oposición del PNV, y en noviembre se tramitó la licencia de obra para la construcción del parque.
El proceso avanzaba, aunque todavía habría escollos como el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario interpuesto por un vecino y el sindicato Enba ante el TSJPV, solicitando la paralización cautelar del proyecto. El tribunal no atendió la demanda y más tarde dictó sentencia en contra de los recurrentes.
Tiempos de incertidumbre
Enba no cejó en su empeño y elevó el caso al Tribunal Supremo con un recurso de casación. Sin embargo, su demanda no ha tenido eco y el recurso ha sido inadmitido, cerrando la vía judicial y despejando, de este modo, el camino para Ekindar.
La inadmisión pone fin a una situación de incertidumbre en la que ha planeado sobre el proyecto la posibilidad de tener que desmantelar las instalaciones y restaurar el terreno a su estado original, con la consiguiente frustración que generaría para más de medio millar de familias que depositaron su confianza y su dinero en Ekindar, alentadas en buena medida por los mensajes del Ayuntamiento de Azpeitia. No es de extrañar la sensación de satisfacción y alivio de la alcaldesa Nagore Alkorta cuando dio cuenta de la sentencia en rueda de prensa. “Desde el principio defendimos que la legalidad avalaba el proyecto y que lo íbamos a defender hasta el final. Ha sido un proceso largo y duro, en lo personal más incluso que en el conflicto de Corrugados, pero ha merecido la pena”, dijo Alkorta.
