En el último cuarto de siglo, Arrasate ha perdido 1.236 habitantes, aunque en los últimos años esta tendencia ha cambiado de dirección como resultado del saldo migratorio positivo del 9% que se ha registrado. El peso de la población de entre 20 y 34 años ha descendido hasta el 14,7%, mientras la emancipación ha crecido notablemente (36,9%), gracias, sobre todo, a la nueva oferta de pisos en régimen de arrendamiento. Entre 2016 y 2023, además, el precio medio del alquiler ha subido un 30,7%, por encima del IPC. En 2024, las solicitudes de vivienda sumaban la cifra de 1.190, de las que el 89,2% tenían como preferencia el alquiler y el 65,8% correspondían a demandantes con rentas bajas. En uno de los barrios o distritos del municipio los gastos por tener arrendado un piso superan el 30% de la renta (si la principal fuente de ingresos es una mujer o una persona que vive sola, este porcentaje supera el 50%). Estos son algunos datos de la radiografía del mercado habitacional que acaba de presentar el Ayuntamiento, con el objetivo, por un lado, de que Arrasate sea declarada zona tensionada y, por otro, de contar una base sólida para “impulsar el acceso a la vivienda asequible y justa”, señala el Gobierno municipal.
Por primera vez el Consistorio ha realizado un diagnóstico exhaustivo y un plan de acción con “una estrategia clara” para los próximos tres años. No es un reto sencillo y la solución, como apunta la edil Garazi Etxeberria, “tampoco es milagrosa”. Sin embargo, que Arrasate sea reconocida como zona tensionada “nos dará más herramientas para afrontar este desafío, fijando un límite en los precios del alquiler, junto con la puesta en marcha de otras medidas complementarias”, indica.
Cumple las condiciones para zona tensionada
El Ayuntamiento ya ha preparado toda la documentación para tramitar la petición formal ante el Gobierno Vasco, corroborando, a su vez, que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 12/2023 para incluir al municipio dentro del mercado tensionado.
Alquiler asequible
El diagnóstico ofrece una fotografía de la situación actual y el plan de acción constituye una hoja de ruta para “una política de vivienda avanzada”, insiste el Gobierno de EH Bildu y Elkarrekin. Cuatro son los ejes clave de trabajo. Por un lado, el fomento del alquiler asequible, que se apoya, asimismo, en otras cuatro actuaciones: promoción de vivienda arrendada en nuevos desarrollos y del modelo de alojamientos dotacionales, reducir la presión urbana mediante la revitalización de zonas rurales, y los costes de construcción a través del propio urbanismo y la arquitectura (ubicación, diseño de aparcamientos, lanzar concurso para atraer ideas innovadoras…).
En este punto, Etxeberria cuenta que están trabajando con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para que este acometa nuevas promociones en parcelas de titularidad pública, como es el caso de la que todavía está pendiente de desarrollo en el antiguo solar de la empresa Polmetasa (San Andres). Sobre el proyecto de 'cohousing' previsto en el que fuera colegio La Merced, la concejala arrasatearra expone que "tienen claro que requiere de la colaboración entre diferentes instituciones, porque el Consistorio por sí solo no puede hacerle frente, y en ello estamos trabajando”.
Rehabilitación y renovación del parque residencial
La segunda línea de actuación del citado plan pone el foco en la rehabilitación y renovación del parque residencial, que implica distintas medidas, entre ellas: revisar la ordenanza que permite transformar locales en viviendas, implantar estrategias de densificación por barrios, habilitar la incorporación progresiva de pisos protegidos en el tejido urbano consolidado, estudiar líneas de subvención y el sistema de bonificaciones del IBI para garantizar accesibilidad y eficiencia energética.
Ayudas al alquiler y nueva gobernanza
Las ayudas al alquiler, por su parte, son una tercera vía de intervención (por ejemplo, medidas fiscales como incentivos a propietarios y promotores que fomenten el arrendamiento), y la nueva gobernanza y coordinación interinstitucional se agrupa en un cuarto eje que, entre otras acciones, pretende favorecer el uso de las viviendas vacías. “El plan incluye la posibilidad de aplicar un recargo en el IBI (actualmente del 50%) y un canon, así como participar en el intercambio de información con otras administraciones para detectar alquileres fraudulentos”, explica Etxeberria. Fijar límites al aumento del precio de arrendamiento para frenar la especulación o incluir la regulación del alquiler turístico son otras de las medidas esbozadas.
Etxeberria subraya que la mayoría de estas actuaciones están vinculadas a la definición del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Primer paso "significativo"
“En el plan y acuerdo de Gobierno nos comprometimos a empezar a dar una respuesta a esta problemática. Este es un primer paso, pero muy significativo. Las y los arrasatearras necesitan un acceso digno y universal a la vivienda para poder vivir en su pueblo. Hay que dejar de entenderla como un negocio y empezar a tratarla como un derecho”, defiende el edil Kepa Urteaga.
Tras recalcar que son “conscientes” de que las competencias municipales en este ámbito “son muy limitadas”, aboga por el trabajo “conjunto con otras instituciones”. “Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para dar una solución a esta situación”, sentencia Urteaga.
