La Plataforma por el Decrecimiento Turístico (Bizilagunekin) ha reclamado al Ayuntamiento de Donostia que elabore una normativa que sirva para limitar los pisos turísticos y ha instado a los vecinos a "organizarse" para que no se puedan instalar este tipo de apartamentos en sus comunidades. Bizilagunekin se ha referido en un comunicado a la decisión del Tribunal Supremo de no admitir el recurso de casación interpuesto por el Consistorio donostiarra contra la sentencia que anuló el procedimiento de regulación de pisos turísticos.
El Consistorio explicó al conocer la sentencia que el TS no cuestiona el contenido de la ordenanza municipal que ha estado vigente entre 2017 y 2021, sino la forma y explicó que ha impulsado la tramitación para dotar el rango jurídico superior necesario al incorporar la regulación de los pisos turísticos directamente en el plan general.
Bizilagunekin considera que esta resolución supone "una oportunidad" y que el Ayuntamiento "no tiene por qué" reproducir la normativa anulada sino establecer una nueva que "sirva para limitar y reducir los pisos turísticos en la ciudad" así como "establecer un marco que abra la puerta para llevar esta práctica a la desaparición".
Para ello exige un "cambio de actitud" al Gobierno municipal, al que acusa de haber elaborado la norma "de forma unilateral, urgente y a escondidas", y remarca que la interrupción del turismo y la pandemia constituyen una "oportunidad" para repensar el modelo de ciudad y "cambiar el rumbo".
Para Bizilagunekin alquilar viviendas como pisos turísticos supone "encarecer el alquiler de quienes necesitan las casas para vivir y provoca la turistificación y el desmantelamiento de las relaciones comunitarias".
Por ello pide a los donostiarras que se organicen y cierren las puertas a la implantación de pisos turísticos en sus edificios para lo cual afirma que "si la mayoría de los vecinos" lo pide "se puede prohibir por ley".
La plataforma ha criticado la ordenanza anulada ya que considera que la división de la ciudad por zonas en las que no se pueden instalar más pisos turísticos y "facilitar" los alquileres en otros barrios supone "ampliar el problema".
El Ayuntamiento "ha apoyado el uso de viviendas como negocio" y ha puesto el "derecho a la especulación por encima del derecho a la vivienda, concluye.
