donostia - El colectivo Haritzalde y la plataforma Belartza 2 Gelditu, que llevan tres años defendiendo que el depósito de piedras en Belartza Alto es ilegal y reclamando al Consistorio que actúe en consecuencia, se mostraron ayer “contentos” por la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha dado la razón a los ecologistas. El fallo ha anulado el permiso provisional que otorgó el Consistorio en 2016 para dejar en el lugar temporalmente 115.000 metros cúbicos de roca, que ocupan más de cuatro hectáreas de zonas verdes, como informamos ayer. Sin embargo, también dijeron estar “muy tristes por haber tenido que hacer lo que no ha hecho la administración”.

Así se pronunció el portavoz de Haritzalde, Xabier Rubio, que, junto a la representante de Belartza 2 Gelditu, Elisabeth Azpillaga, valoró el fallo judicial. Ambos reclamaron al Ayuntamiento de Donostia, condenado a pagar las costas del proceso, lleve a cabo la retirada de las piedras por el método de la ejecución subsidiaria (abonarlo y después cobrárselo a la empresa responsable, Vusa) para devolver el espacio “a su estado natural”. Asimismo, consideraron que el Ayuntamiento “actuó de mala fe”, ya que en caso contrario no hubiera sido condenado a pagar el proceso judicial.

También solicitaron a la administración que encargue de modo urgente un proyecto de regeneración de la zona natural y protegida y ponga en marcha un concurso para ejecutarlo sin demora.

Rubio y Azpillaga recordaron que las piedras extraídas de la cantera de Belartza - donde hay ahora un supermercado y un restaurante de comida rápida- que se depositaron en la zona alta del ámbito podrían estar contaminadas y que parte de ellas fueron trituradas en la zona natural con el fin de convertirse en áridos y venderlas para la urbanización de Arbaizenea y otras obras. Esta acción tuvo efectos medioambientales en la zona, según aseguraron los representantes de Haritzalde.

Los portavoces recordaron que este colectivo ha tenido que presentar “incontables denuncias y recursos con la pretensión de que se anulara la licencia ilegal otorgada por el Consistorio, que se dio tras las quejas del colectivo ya que las piedras estaban ya depositadas sin permiso”. Asimismo, añadieron que la actuación tuvo “gravísimos impactos irreversibles sobre la fauna, la flora, la diversidad, los cauces y el ecosistema de un área natural protegida por la Directiva Hábitat”.

Asimismo, recordaron que las distintas multas que ha ido poniendo el Ayuntamiento a la empresa, tras las quejas de los ecologistas y vecinos, han sido sistemáticamente recurridas por lo que no han tenido efecto. Además, reiteraron que los promotores ya aseguraron, en una reunión de Participación Ciudadana, con presencia del concejal de Urbanismo, que no tenían intención de sacar los materiales vertidos ya que su finalidad era servir al polígono comercial proyectado en Belartza Alto, ahora en entredicho. Además criticaron al Consistorio por negociar con la empresa y modificar los planes urbanísticos en el lugar mientras la sociedad incumplía de modo reiterado sus órdenes.

Por su parte, fuentes del gobierno municipal señalaron que aún no se ha tomado una decisión respecto al futuro del vertido de Belartza.