El reto inacabado de la digitalización de la justicia y la atención a las víctimas, en especial las de la violencia machista, son dos de los objetivos con los que la nueva presidenta de la Audiencia de Gipuzkoa, María Josefa Barbarín, accede a su nuevo cargo.

Sucede en él a dos de sus anteriores compañeros en la Sección Primera de este órgano judicial: el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, y la ya fallecida Victoria Cinto, quien fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y viceconsejera vasca de Justicia.

Dotada de un gran capacidad de trabajo, Barbarín es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, está casada y es madre de un hijo y una hija, gusta de la lectura, las buenas series de televisión y de los largos paseos por Donostia, la ciudad en la que nació hace 53 años.

Esta magistrada euskaldun se declara defensora de una justicia bilingüe que sea capaz de "comunicar mejor sus actuaciones", dos objetivos que figuran en su "catálogo de medidas concretas" para "mejorar la calidad, la eficacia y la flexibilidad" de la justicia en Gipuzkoa.

Tutela reforzada

 El logro de una "tutela reforzada" para todas las víctimas de cualquier delito, con especial atención y consideración para las de violencia de género, es otro de los empeños en los que Barbarín se siente especialmente implicada, en línea con su trayectoria profesional como miembro del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ y de la Sociedad Vasca de Victimología.

Los menores constituyen otro de sus ámbitos de trabajo, en el que aboga por implantar el proyecto "Casa amigable de los niños" en Gipuzkoa, siguiendo el modelo 'Barnahus' de atención integral, donde todas la instancias actuantes en un caso de abuso sexual infantil se coordinan para la atención a la víctima.

De Irun a Donostia

La mejora del acceso a la justicia de las personas con discapacidad y la profundización en la colaboración entre distintas instituciones para el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas a enfermos mentales son otros de sus objetivos, entre los que también figuran la descongestión de la jurisdicción civil y mercantil y la aplicación de la justicia restaurativa.

Para lograrlo, cuenta con una dilatada experiencia tanto en el ámbito judicial como en el universitario. En el primero debutó como responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Irun para convertirse luego en decana de los juzgados de la ciudad fronteriza, hasta que ascendió como magistrada al Juzgado de lo Penal número 5 de Donostia. Un paso previo a su llegada en 2005 a la Audiencia de Gipuzkoa de cuya Sección Primera actualmente es magistrada.

En el mundo de académico habitualmente desarrolla colaboraciones con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de Deusto.

El condenado por la violación de Beasain, a su salida de la Audiencia de Gipuzkoa. Javier Etxezarreta/EFE

Entre sus sentencias más destacadas se encuentra la primera condena al violador en serie de Gipuzkoa, al que le fueron impuestos 15 años de cárcel por violar a una mujer en su domicilio de Beasain en 2019, en una resolución que luego sirvió de guía para los otros cinco casos que tenía pendientes.

Intento de secuestro

Asimismo, fue la ponente de la resolución que condenó a dos años de cárcel a un ertzaina que confundió una pelea entre amigos con un intento de secuestro de ETA y mató a uno de ellos al disparar su pistola reglamentaria cuando intentaba reducirlo, infringiendo "las más elementales normas de cuidado".

Además, en 2017 condenó al gerente de una empresa por una insolvencia punible que supuso la pérdida de más de 70 puestos de trabajo debido al cierre de la compañía.

Barbarín también intervino como ponente en unos casos más mediáticos ocurridos en los últimos años en Gipuzkoa, con la condena en 2010 a cuatro de los quince agentes de la Guardia Civil acusados de "delitos de torturas graves" a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola, quienes habían atentado en 2006 en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Un fallo que el Tribunal Supremo anuló un año más tarde, pero que luego motivó una condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debido a los malos tratos infligidos a ambos etarras durante su arresto y detención incomunicada.

Según opinó entonces Iñaki Subijana (actual presidente del TSJPV y en aquel momento miembro junto a Barbarín del tribunal que condenó a los guardias civiles), este fallo supuso "el reconocimiento del trabajo argumental que llevó a cabo" en su sentencia la Audiencia de Gipuzkoa.