Activistas de Stop Desahucios se han concentrado este jueves ante la sede central del Banco Santander en Donostia para exigir a esta entidad que "rectifique" y conceda la carencia de 5 años de los préstamos hipotecarios (en los que se aplaza la amortización de capital de 5 años, pero no el pago de los intereses) de dos familias "vulnerables" en riesgo de desahucio de sus respectivas viviendas.
La portavoz de la plataforma, Rosa García, junto a los afectados, han explicado a los medios informativos la situación de ambas familias, durante la protesta que ha convocado este jueves ante las oficinas del Santander de la Avenida de la Libertad, a la que se han sumado representantes institucionales de los partidos Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, y del sindicato Steilas.
Modesta vivienda
García ha indicado que pretenden "impedir" que este banco siga adelante con los procedimientos por impago de hipoteca contra José Álvaro y Narcisa, con un piso en el barrio donostiarra de Alza, y contra José Ramón y Mercedes, residentes en una vivienda de la calle Autonomía de Donostia.
Según ha explicado, a ambos matrimonios, cuyos miembros rondan los 60 años y "cumplen los requisitos de vulnerabilidad económica", el Santander les ha negado los periodos de carencia de cinco años que podría haberles aplicado pese a cumplir las condiciones, salvo una, que establece el denominado decreto Guindos o Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBPB).
En el caso de la pareja de Altza, el precio por el que compraron su "modesta vivienda" de 43 m2 en 2007, "en plena burbuja inmobiliaria", fue de 200.000 euros, superior al que estipuló de media el Gobierno central entonces, circunstancia que "ha sido aprovechada" por la entidad bancaria para denegarle la concesión del periodo de carencia.
El procedimiento judicial emprendido por el banco, se encuentra actualmente en fase de subasta, ha denunciado la activista, que ha advertido de que están por tanto en riesgo de ser desalojados en breve de su casa.
Ingresos insuficientes
José Ramón y Mercedes, por su parte, deben más de doce mensualidades y la misma entidad les ha denegado también el periodo de carencia de su crédito, esta vez, porque la cuota resultante de la misma supone casi el 55 % de sus "modestos ingresos", de 1.228 euros, procedentes de una pensión de incapacidad y la RGI.
Esa proporción, ha precisado, supera el 50 % del requisito establecido en el CBPB debido a su cálculo con "el desorbitado índice del euribor".
Rosa García ha calificado de "intolerable" que un banco como el Santander, que ha obtenido "los beneficios del siglo, tanto el año pasado como este" siga "haciendo negocio" con las hipotecas y "las personas empobrecidas", y le ha exigido que "flexibilice" los requisitos incumplidos por ambas parejas, como así lo permite el propio código bancario.
Le ha conminado por tanto a aceptar los cinco años de carencia, así como a retirar la demanda y el proceso de subasta en el primer caso, y a no iniciar ninguna en el segundo.
