Nuevo giro en el ‘caso Bidegi’, que cuando parecía que estaba a punto de llegar al final de un proceso que se ha alargado durante diez años, se va a reabrir para realizar nuevas pruebas judiciales. Y eso es así porque la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha estimado el recurso de EH Bildu y ha revocado el sobreseimiento de una de las dos querellas por supuesto delito de malversación de fondos en la obra de construcción del tramo entre Arlaban y Eskoriatza Norte de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria).
La Sección Primera de la Audiencia ha dictado dos autos que revocan sendas decisiones del Juzgado número 2 de Azpeitia, al que da un tirón de orejas y ordena que practique una prueba pericial judicial independiente para conocer si realmente se cobraron trabajos no ejecutados en las obras del túnel de Isuskitza, perteneciente al citado tramo de autopista. Además, insta al juzgado a cumplir con el resto de diligencias solicitadas por la acusación popular, pruebas que denegó “sin exponer motivo o razón alguna”.
El fallo judicial se refiere a la segunda querella que interpuso la Diputación de Gipuzkoa cuando la gobernaba Bildu contra los anteriores gestores del PNV por un presunto delito de malversación de fondos públicos por importe de 17,1 millones de euros y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza, que fue archivada el pasado agosto y que ahora vuelve a ser reabierta.
En cuanto a la primera de las dos querellas que presentó Bildu, la referida al tramo Arrasate-Eskoriatza Norte, fue resuelta hace dos semanas en el mismo sentido que la segunda. Es decir, el juzgado de Azpeitia también la sobreseyó pero al igual que en el caso de la otra, Bildu también ha recurrido su archivo ante la Audiencia de Gipuzkoa.
Dos informe contradictorios
En el primero de los dos autos conocidos ahora, la Audiencia revoca una providencia dictada por el juzgado de Azpeitia en la que se denegaba la posibilidad de encargar una nueva prueba pericial independiente, además de otras diligencias. En consecuencia, dicta otro segundo auto en el que revoca el sobreseimiento y reabre la causa.
El juzgado de Azpeitia contó con dos informes totalmente contradictorios sobre la ejecución de los trabajos de construcción en este tramo. El primero de ellos, presentado por la Diputación cuando la gobernaba Bildu, lo firmó la empresa Ingeotyc y sus conclusiones llevaron a los gestores forales a determinar que había habido una desviación de 17,1 millones de euros en la liquidación de dichas obras.
Tras las elecciones de 2015, cuando el gobierno de la Diputación cambió de signo y pasó a ser gestionada por PNV y PSE-EE, la institución foral presentó un informe de revisión que rebatía en su totalidad al original y aseguraba que no había habido ninguna desviación.
La juez de Azpeitia dio por buena esta segunda versión, rechazó encargar una pericial independiente -como le habían pedido EH Bildu y la Fiscalía- y consideró que no se había podido determinar si se había defraudado “una cierta cantidad presupuestaria con ocasión de la realización de las obras ejecutadas en la autopista AP-1 tramo Arlaban-Eskoriatza norte”.
La Audiencia ordena ahora que se realice un informe pericial judicial independiente y que se soliciten nuevos presupuestos, para lo que fija un precio máximo de 80.000 euros. El tribunal se basa para ello en un presupuesto de 72.000 euros presentado por la acusación popular (EH Bildu) en 2021, al que aplica una subida por el incremento de los costes.
Esta prueba pericial no conllevará trabajos de campo suplementarios, sino que cotejará toda la documentación de la obra empleada por los autores de los dos informes contradictorios que figuran en las diligencias, ya que los presupuestos para comprobar físicamente sobre el terreno el contenido de la obra ejecutada eran excesivamente elevados. Por este motivo, la Audiencia entiende que “la instrucción no se encuentra finalizada pues debe realizarse el informe pericial judicial independiente”.
“Máxima independencia y competencia”
Tras conocer la resolución judicial, la Diputación hizo público un comunicado para valorar la decisión. La portavoz foral, Irune Berasluze, señala en el comunicado que respeta el fallo de la audiencia de gipuzkoa, pero lamenta que “dilatará la conclusión de un proceso ya de por sí largo”.
Ante la orden de la Audiencia de para que el juzgado de Azpeitia encargue un informe pericial independiente que determine si hubo malversación de fondos en las obras del tramo Arlaban-Eskorizatza Norte, la institución foral consideró “imprescindible” que en la elaboración de la nueva pericial se garantice “la máxima independencia y competencia” y matiza que la decisión de revocar el archivo “no se debe a que se hayan encontrado indicios de delito, sino porque la Audiencia de Gipuzkoa ha considerado pertinente ordenar nuevas diligencias”.
No obstante, Berasaluze confía en que el nuevo informe pericial propuesto por la acusación popular “servirá para constatar, nuevamente, que los informes presentados con la querella adolecían de numerosos errores que evidenciarán la naturaleza política del procedimiento que se ha dilatado ya durante una década”. Berasaluze recuerda que el auto del Juzgado de Azpeitia “expuso claramente que los informes con los que en su día presentó la querella el gobierno de Bildu, se hicieron en base a una documentación repleta de innumerables deficiencias, manipulaciones y omisiones”.
