La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha roto su silencio para fijar su posicionamiento en torno a la polémica surgida por el derribo de viviendas previsto en Trintxerpe por las obras de acceso ferroviario al puerto. Asegura que “trabaja en la búsqueda de soluciones para todos los vecinos” de los números 10 y 11 de la calle Herrera, que el lunes denunciaron públicamente en una rueda de prensa que les han dado cuatro meses de plazo para dejar sus casas sin ninguna contrapartida.
La protesta, que se desarrolló junto a miembros del Sindicato de la Vivienda de Oarsoaldea, parece haber surtido un efecto inmediato. La APP informó en un comunicado de que ha trasladado a los vecinos afectados la posibilidad de “flexibilizar” el plazo de desalojo, que iría más allá de junio de este año, como estaba inicialmente previsto, “a otra fecha compatible con la obra, dentro del 2024”.
Los trabajos para la entrada en ancho métrico ferroviario al puerto arrancarán durante el segundo semestre de este año. Tienen un presupuesto de 5,5 millones de euros, afectarán a unos 4.600 m2 de superficie y conllevarán la demolición de los edificios que albergan actualmente doce viviendas habitadas, cinco empresas y cuatro asociaciones deportivas.
La dirección del puerto precisa que de los 12 vecinos, cinco "tienen intactos sus derechos como arrendatarios". Se trata de las cinco viudas, cuyos maridos eran trabajadores del puerto y fueron suscribiendo a partir de los años 60 contratos de arrendamiento con una vigencia con derecho de prórroga. La APP les ha ofrecido una indemización media de 116.000 euros, en función de la edad de las inquilinas, según ha informado este miércoles.
Labores de mediación
Como alternativa, la dirección de la infraestructura portuaria indica que se ha ofrecido a ejercer de mediadora ante la Delegación de Vivienda y el Ayuntamiento de Pasaia “para articular un realojo en la zona”. Se ha contemplado asímismo la posibilidad de utilizar otras viviendas propiedad de la APP, “propuesta que ha sido rechazada”, y también se estudia la adjudicación de pisos de VPO en régimen de alquiler.
De las cinco vecinas que se encuentran en esa situación, dos han aceptado la propuesta de indemnización “y las otras tres no han trasladado su respuesta todavía”, indican las mismas fuentes.
En cuanto a los otros siete inquilinos "sin contrato", la Autoridad portuaria subraya que "está trabajando con la Delegación de Vivienda del Gobierno Vasco y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pasaia" para lograr "alguna solución habitacional, ante la imposibilidad jurídica" de darles una indemnización.
"La APP está comprometida con la búsqueda de una solución de realojo de los vecinos afectados -insiste- y en este sentido les trasladó su vocación de flexibilizar el plazo de desalojo, de junio previsto inicialmente, a otra fecha compatible con la obra, dentro del 2024".
