La Gazte Asanblada de Zestoa denunció ayer, a las puertas de los juzgados de Azpeitia, que es víctima de una “campaña de criminalización” por parte del Obispado de Donostia, partidos políticos y medios de comunicación. Alrededor de un centenar de simpatizantes de este grupo participó en una concentración ante los juzgados de Azpeitia, donde se celebró un juicio contra dos jóvenes por la ocupación de un edificio perteneciente a la parroquia de Zestoa, en el que Gazte Asanblada, ha establecido su gaztetxe. Los manifestantes exhibieron una pancarta con el lema “Zestoako gaztetxe desalojo arriskuan. Absoluzioa orain” (El gaztetxe de Zestoa, en peligro de desalojo. Absolución ya”).
Una portavoz de este grupo, Hiart Alberdi, leyó un comunicado en el que denunció la “campaña de criminalización” a la que, a su juicio, están siendo sometidos por parte de medios de comunicación y partidos políticos.
Afirmó que la irrupción en la misa mayor de Zestoa el pasado domingo, enmascarados y lanzando gritos y pasquines, fue una acción de protesta contra el desalojo, pero no iba contra la comunidad cristiana del pueblo ni contra los fieles de ninguna religión, ya que “aceptan la libertad religiosa”.
Según explicó, pretendían denunciar la actitud del Obispado de Donostia, al que acusa de pretender desalojar “el proyecto político, social y cultural abierto al pueblo de la Gazte Asanblada”. “Prefiere dejar vacío un espacio y condenar a alrededor de 70.000 euros a dos jóvenes del pueblo”, añadió. Tras acusar a la Iglesia de especular con sus bienes, este grupo juvenil, vinculado al Movimiento Socialista (GKS), arremetió también contra todos los partidos políticos y, en concreto, contra EH Bildu de Zestoa.
Acusó al alcalde de Zestoa, Mikel Arregi, de presentarse como “intermediario” para “blanquear” su actuación, cuando “es uno de los principales responsables” de este conflicto, porque “dio su palabra” a la Gazte Asanblada de que les entregaría el local parroquial para instalar el gaztetxe.
Por su parte, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, expresó, en un comunicado, su condena por las “coacciones” con las que esta asamblea trata de “intimidar” a la diócesis de Gipuzkoa y a la propia sociedad para apropiarse de un local “que no les pertenece”.
Larrea reclamó “a quienes definen el presente de nuestra sociedad como un nuevo tiempo”, en alusión a EH Bildu, que condenen estos métodos y actos de intimidación, “que no tienen encaje en una sociedad normalizada”.
“Una sociedad moderna y avanzada, como queremos que sea Euskadi, alberga cauces de expresión democráticas contrapuestas al hecho de que una serie de encapuchados irrumpan en un acto religioso, lo boicoteen y desplieguen consignas, pintadas, candados o silicona, tal y como este movimiento ha hecho en los últimos días”, señaló Larrea.
