El Ayuntamiento de Errenteria debatirá mañana la primera de la mociones registradas por Stop Desahucios en diferentes consistorios guipuzcoanos para solicitar al Gobierno Vasco que declare esos pueblos "zona tensionada" por los elevados precios de los alquileres. El texto es igual que el aprobado el pasado 4 de julio por el Ayuntamiento de Donostia que solicitó el ejecutivo autonómico que declare la ciudad como zona tensionada. Stop Desahucios ha presentado iniciativas similares en los ayuntamientos de Eibar, que será debatido el 26 de julio, e Irun, el 28 de este mes.
Gipuzkoa es el territorio con los precios de alquiler y del metro cuadrado "más elevados de Euskadi y el tercero de España, solo por detrás de Madrid y Cataluña", ha advertido la plataforma en un comunicado. En Errenteria e Irun la renta media del alquiler ronda los 900 euros y en Eibar los 750, señala Stop Desahucios, que precisa que el número de familias inscritas en Etxebide es de 1.827 en Errenteria, de 2.179 en Irun y de 903 Eibar. Estos datos demuestran la "emergencia habitacional" que existe en estos municipios y en Gipuzkoa para jóvenes y familias con menores a su cargo con ingresos medios y bajos que no pueden acceder al cada vez más tensionado mercado del alquiler", afirma.
Stop Desahucios asegura que "todos" los municipios donde va a presentar mociones cumplen, según los datos de ingresos por municipios aportados por el Eustat, el primero de los requisitos que recoge la Ley de Vivienda para poder ser declarados como zonas tensionadas, con lo que "no hay impedimentos para que así sea". Señala que "miles de familias" inscritas en Etxebide que perciben ayudas para el alquiler "ya atraviesan dificultades" para pagar las rentas y advierte de que se pueden producir "miles de desahucios silenciosos o por finalización de contratos" si el propietario quiere subirlos cuando se reviesen los contratos. Es el caso de un vecino octogenario de Irun cuyo contrato con el fondo de inversión Promontoria Coliseum finaliza el próximo 24 de julio y puede ser prorrogado hasta tres años más si el municipio fronterizo se declara zona tensionada.
