La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha informado este miércoles de que, a día de hoy, se han presentado ante la Diputación un total de 1.070 reclamaciones por el cobro de los peajes de la N-I y A-15, un canon anulado en dos ocasiones por los tribunales. Además, los juzgados vascos tienen abiertos 198 expedientes por esta cuestión. En total, se han presentado 252 reclamaciones en los juzgados, aunque estos han solicitado a la Diputación que remita los expedientes de 198 casos. "Si todos ellos siguieran adelante, la cantidad a devolver por parte de la Diputación sería de 3 millones de euros", ha indicado la diputada, que ha desgranado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha recibido cuatro reclamaciones, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Donostia tiene 85, mientras que el número 2 estudiará 84 y el 3, 79. Oiarbide ha insistido en que la institución foral devolverá el dinero conforme se pronuncien los tribunales: "No es ningún drama devolver el dinero. No es la primera vez que esta Diputación lo hace y no será la última. Es algo que pasa en todas las instituciones".

La diputada ha explicado que las reclamaciones se están estudiando "una a una" y que no todas "tienen en mismo recorrido" porque están sustentadas en "argumentos distintos". De hecho, ha aseverado que "algunas no han sido admitidas por los jueces", por lo que a medida que los tribunales vayan resolviendo los casos, se irán abonando las cantidades reclamadas. Cabe recordad que, por el momento, una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Gipuzkoa da la razón a dos empresas de transporte y un autónomo por esta cuestión, y obliga a la Diputación a abonar una cantidad aproximada a 13.000 euros.

La diputada Aintzane Oiarbide defiende que los peajes se siguieron cobrando porque las normas forales continuaban vigentes y era obligación de la Diputación acatarlas

La devolución de los peajes ha sido una de las cuestiones abordadas en el Pleno de las Juntas Generales, el penúltimo de la legislatura, donde la gestión del Gobierno foral en este asunto ha sido cuestionada y fuertemente criticada por los grupos de la oposición. La diputada ha defendido que su departamento no ha hecho más que "cumplir con las normas vigentes", normas que, tal y como ha recordado, fueron aprobadas por la Cámara de Miramón y que son de "obligado cumplimiento" para el Ejecutivo foral. "Creo que algunos junteros no saben qué papel tienen las Juntas Generales. Aquí se hacen las leyes y la Diputación está obligada a cumplirlas. Habría que tener claras las competencias de cada uno", ha afeado a los portavoces de la oposición. Además, ha recordado que se recibieron hasta tres dictámenes favorables por parte de Europa para la implantación de los peajes en las carreteras guipuzcoanas.

En cuanto al cobro de los peajes una vez estos anulados por los tribunales, Oiarbide ha defendido que los cánones se siguieron cobrando porque las normas forales seguían en vigor y su cometido era acatarlas.

EH Bildu, Elkarrekin Gipuzkoa y PP abogan por que la Diputación reintegre automáticamente la cantidad cobrada por los peajes anulados por el Supremo

Oiarbide ha respondido de esta forma a una interpelación que le ha realizado EH Bildu y justo después de que la Cámara de Miramon debatiese una propuesta de resolución sobre la devolución de los peajes cobrados presentada por Elkarrekin Gipuzkoa y que no ha salido adelante por el voto en contra de PNV y PSE, que han propuesto un texto alternativo mediante el que "instan a la Diputación de Gipuzkoa a dar cumplimiento de las resoluciones judiciales que los distintos tribunales dicen, en los términos que las propias sentencias lo determinen".

El juntero de la coalición abertzale Oskar Bordes ha recriminado a la Diputación que no haya devuelto "automáticamente" las cantidades cobradas entre 2018 y 2021, sino que les obligue a reclamar su dinero por vía judicial. "No es un ejemplo de buena gestión", ha señalado.

La portavoz de la formación morada, Arantza González, por su parte, ha pedido a la Diputación "que se devuelva inmediatamente el dinero de los peajes que se cobraron indebidamente", y ha tachado la actitud del Gobierno foral de "obcecación" y su gestión de "nefasta". "El tiempo nos ha dado la razón; lo que era prudente era dejar de cobrar esos peajes".

En términos similares se ha pronunciado el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, quien ha calificado la actitud del departamento que dirige Oiarbide de "huida hacia adelante": "Hace años y medio pedimos que se dejase de jugar con los intereses de los transportistas y se les devolviera lo cobrado", ha recordado, al tiempo que ha lamentado que será "el guipuzcoano de a pie va a tener que pagar el ahogo que sufren los transportistas guipuzcoanos".

Cumplir la ley

Por su parte, los grupos junteros del PNV y PSE han defendido que el Gobierno foral ha "cumplido con la ley", ya que la Diputación estaba "obligada" a cumplir las normas forales aprobadas por las Juntas Generales. "Los peajes han sido aplicados en periodo de vigencia de ambas normas forales y al amparo del ordenamiento jurídico de nuestro territorio histórico. Es falso afirmar que hayan sido cobrados indebidamente”, ha apuntado el juntero del PNV Eric Gálvez, que ha recordado que "diversos aspectos de las devoluciones que no quedan debidamente aclaradas en la sentencia”, por lo que ha apelado a la "prudencia".

En la misma línea, la portavoz socialista Susana García Chueca, que ha defendido que la Diputación "cumple escrupulosamente" con la legalidad vigente, ya que el peaje "se dejó de cobrar cuando legalmente se exigió a la Diputación que dejara de hacerlo: ni un minuto antes ni uno después". Además, ha defendido el sistema de peajes implantado en Gipuzkoa ya que "no podemos ser los guipuzcoanos solo los que paguemos las carreteras, se tiene que implantar el pago por uso para establecer la sostenibilidad económica y medioambiental del territorio".