Las Juntas Generales de Gipuzkoa han defendido, con el rechazo del PP, que se "penalice el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo". El parlamento ha dado luz verde a una propuesta, impulsada por Elkarrekin Podemos IU, que ha consensuado después una enmienda transaccional con PNV y PSE. El texto ha contado también con el apoyo de EH Bildu y el rechazo del PP.
En la propuesta aprobada, las Juntas muestran un "rotundo rechazo ante cualquier manifestación de grupos ultracatólicos, antiabortistas o de naturaleza similar que conlleve el acoso e incitación a un retroceso en los derechos ya consolidados de las mujeres y que implique interferir, intimidar o coaccionar en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo".
Se da la circunstancia de que este sábado hay una nueva convocatoria en Donostia de la plataforma Rezar no es delito, que hace un mes mantuvo un duro enfrentamiento con un grupo feminista que se situó a escasos metros de la concentración.
Quienes acudieron a la llamada de este movimiento antiabortista, que por la mañana había llevado a cabo una iniciativa similar por las calles de Madrid, se dirigieron desde el centro cultural Koldo Mitxelena hasta la clínica Askabide de Donostia para "rezar" ante las instalaciones de un centro al que calificaron como "abortorio". Este sábado tienen prevista una acción similar.
A este respecto, las Juntas también han reclamado a la Diputación de Gipuzkoa que vele para que ninguna administración pública sirva de "altavoz" a campañas que inciten el acoso y la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos y emplaza a las administraciones a evitar "la violencia y victimización de las mujeres en los soportes publicitarios, comunicativos y de naturaleza similar que gestionen".
El juntero del PP, Juan Carlos Cano, opinó que quienes han apoyado esta iniciativa, han aprobado la "penalización de los ciudadanos que no piensan como ellos".
