El sindicato LAB para los días 16 de febrero y 24 de marzo "en defensa de las trabajadoras, los residentes y del interés colectivo". Además, el sindicato ha subrayado la "responsabilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la patronal" en este conflicto porque, "lejos de buscar soluciones, se está perpetuando esta situación de urgencia".
LAB, en un comunicado, ha recordado que en la jornada de huelga del 28 de octubre se realizó una petición "formal y pública" de reunión a la Diputación Foral de Gipuzkoa para hablar de la situación en las residencias de mayores y "comenzar a buscar soluciones".
Sin embargo, el 12 de noviembre, al no recibir respuesta, se realizó otro día de huelga en el que, según ha denunciaron, "nos cerraron las puertas de la Diputación ante las narices". El 17 de diciembre, como el sindicato seguía esperando una reunión, "ocuparon" la sede de Políticas Sociales. Así, ha señalado que, a pesar de que la diputada Maite Peña "se comprometió a reunirse, hoy por hoy no se ha puesto en contacto con las trabajadoras del sector".
Desde la central sindical han alertado de que, debido a la emergencia sanitaria, "la ya grave situación se ha vuelto insostenible" en la mayoría de las residencias de mayores de Gipuzkoa con "sobrecargas de trabajo y falta de tiempo para prestar la atención necesaria a los residentes, brechas salariales entre las trabajadoras del sector que trabajan en la misma residencia, cambios continuos en los calendarios, falta de estabilización de puestos de trabajo o despidos injustificados", entre otros.
En ese sentido, LAB ha incidido en que "esto no es un simple conflicto laboral entre trabajadoras y patronal, sino una cuestión social que afecta a la sociedad guipuzcoana". "El derecho a los servicios de cuidados de calidad y la prestación de cuidados en condiciones dignas está siendo vulnerado y no podemos mirar para otro lado", ha subrayado.
Tras denunciar que "han convertido el cuidado en un negocio", ha criticado que "las empresas privadas que gestionan servicios públicos financiados con dinero público están obteniendo enormes beneficios económicos aprovechando la labor de cuidado de nuestros mayores y la explotación de las trabajadoras de las residencias de mayores".
Por último, desde LAB han insistido en que esta situación se debe a "la privatización de los servicios públicos, a la precariedad laboral y a la falta de reconocimiento social y económico de los sectores feminizados" y ha abogado por un "cambio de modelo estructural del cuidado y de los servicios sociales en el camino de un sistema público-comunitario de cuidados de calidad".
