El gobierno avala en pleno la aprobación inicial de la ordenanza de pisos turísticos

donostia - El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer, de forma inicial, la ordenanza reguladora de las viviendas turísticas, con los votos a favor del Gobierno local y en contra de los grupos de la oposición: EH Bildu, PP e Irabazi.

En la sesión de ayer se dio luz verde a la propuesta del Gobierno local que no gusta a la oposición conformada por tres grupos que, según destacó el alcalde, Eneko Goia, curiosamente “han presentado enmiendas tan diferentes que no han logrado cruzar ninguna, porque son prácticamente incompatibles”.

El Gobierno, destacó, ha basado su trabajo, de más de un año, en un “análisis de la realidad” que se plasma, por ejemplo, en la división de la ciudad en tres zonas porque, en palabras de Goia, “la realidad en cada una de ellas es diferente”. Para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, añadió, el Ayuntamiento ha aumentado los recursos humanos y materiales, priorizando “el interés general” sobre los “intereses contrapuestos” existentes en la materia.

Goia aprovechó la ocasión para poner el acento sobre el hecho de que la existencia de pisos de uso turístico va unida a la historia de la ciudad y no es un fenómeno nuevo. “Incluso el Centro de Atracción y Turismo disponía de listas para que la gente apuntara sus viviendas ”.

Por su parte el edil de Urbanismo, Enrique Ramos, subrayó la “necesidad, oportunidad y proporcionalidad” de la ordenanza, premisas estas “que han de regir la elaboración de cualquier ley”.

La necesidad, declaró, se basa en la realidad de una “ciudad turística” que históricamente ha tenido esta actividad como bandera y que, “tras unos años terribles”, ve cómo repunta la misma con “nuevos modelos y necesidades” a las que el Ayuntamiento quiere responder “priorizando el uso residencial de la vivienda”.

En un momento en el que el fenómeno de los pisos turísticos se extiende por todo el mundo, “y no hay fórmulas mágicas para abordarlo”, una ordenanza reguladora, afirmó, “es oportuna”. Responde, además, al criterio de “proporcionalidad” porque no busca “acabar” con las viviendas turísticas sino regularlas. “No pretende ser una panacea, hay que ver cómo evoluciona. Igual a futuro hay que retocarla pero se ha elaborado con rigor técnico”, concluyó.

Después de que Eneko Goia criticara que las enmiendas de EH Bildu se basaran en el Plan General de 2010 y no en la realidad vigente, el edil de este grupo, Ricardo Burutaran, afirmó que el Gobierno “está haciendo trampas” al realizar modificaciones al planeamiento sin seguir “el proceso legalmente establecido”, generando “inseguridad jurídica”.

Burutaran, que volvió a defender la necesidad de que la ordenanza funcione en dos zonas -la saturada y el resto- aseguró que es “mentira” que con la misma vayan a llegar nuevos cierres de pisos turísticos. “No se va a cerrar ninguno que no se pueda clausurar con el Plan General”, afirmó, y lamentó que no se especifique en “qué momento y bajo qué condiciones” una zona puede pasar a ser saturada. Ramos le respondió asegurando que había olvidado mencionar, por ejemplo, la Parte Vieja, que pasará a ser zona saturada con los consiguientes cierres, o la VPO, que no podrá alquilarse.

Miren Albistur, del PP, denunció que la división por zonas no tenga una base objetiva y se fundamente en “criterios arbitrarios” y no medibles. La ordenanza, insistió, “no vela por el interés general y genera inseguridad jurídica sin dar tampoco seguridad ni a los propietarios de las viviendas ni a los vecinos”.

El edil de Irabazi Loïc Alejandro criticó que la norma equipare a las empresas que operan en el sector con las familias que alquilan sus viviendas puntualmente y denunció que abre las puertas a la “flexibilidad”, llegando a permitir en algunas zonas pisos turísticos en plantas altas. “Presentan la situación como ordenanza o caos y esa afirmación es contraria a la realidad porque ya hay un Plan General a aplicar”.

Por su parte Asier Pereda, de la asociación de apartamentos turísticos Aparture, señaló que “no puede ser que un debate político prevalezca sobre los criterios técnicos” a la hora, por ejemplo, de establecer la división por zonas sin la existencia de “un criterio objetivo” y haciendo uso de un procedimiento “no adecuado” para modificar el Plan General. Pereda, que realizó estas declaraciones fuera del Pleno, anunció, además, que presentará alegaciones en los 30 días laborales hábiles para ello, esperando recibir alguna respuesta del Consistorio.