Donostia - La demolición del gaztetxe Kortxoenea, ubicado en la calle Indianoene de Ulia, quedó paralizado al mediodía de ayer después de que el Ayuntamiento comprobase que no se había colocado ningún vallado de seguridad para ejecutar la obra. Los primeros pasos de la operación se habían producido por la mañana, cuando varios operarios y ertzainas acudieron al lugar para desalojar a las personas que se encontraban en la antigua fábrica de corchos, reconvertida en local de actividades juveniles desde hace cinco años. A última hora de la noche, volvieron algunos jóvenes al lugar, así como patrullas de la Ertzaintza.

El edificio, según los planes aprobados por el Ayuntamiento en la pasada legislatura, será demolido y en su lugar se construirá un bloque con 21 viviendas, garajes y trasteros. El edificio es propiedad de una promotora desde que la ikastola Zurriola, la anterior propietaria, se lo vendió. Antes había sido la conocida fábrica Chapas y Corchos Ordóñez.

La presencia policial alertó por la mañana a algunos miembros del gaztetxe, que difundieron la situación por las redes sociales, lo que atrajo a un grupo de jóvenes hasta el lugar. También se personaron los concejales de EH Bildu Axier Jaka y Ricardo Burutaran.

Tras el inicio, posteriormente abortado, del derribo, el grupo municipal de EH Bildu difundió un comunicado en el que aseguraba que la obra no cumplía las condiciones administrativas establecidas en la autorización municipal, ya que no se no se había establecido un perímetro de seguridad y tampoco existe orden de desalojo.

Posteriormente, el Gobierno municipal informó de que quedaba suspendida temporalmente la actuación “tras constatar que no se cumplían algunas de las condiciones o requisitos para el inicio de la obra”.

A pesar de ello, el Ejecutivo liderado por Eneko Goia recordó que el derribo del pabellón de Kortxoenea está contemplado en un proyecto urbanístico de reparcelación de la zona de Manteo y la calle Indianoene, que fue aprobado en la pasada legislatura dirigida por Bildu. Asimismo, el Gobierno municipal dijo que el propietario de la parcela es quien tiene “la responsabilidad y el derecho sobre la citada edificación”. También, añadió que el promotor solicitó el derribo del pabellón y que, como cumplía todos los requisitos legales, el área de Urbanismo firmó la autorización el 14 de julio. “El Ayuntamiento no tiene por tanto ninguna responsabilidad ni jurisdicción sobre el edificio”, señaló.

EH Bildu, por su parte, solicitó a Goia una urgente convocatoria de la junta de portavoces y recordó que, aunque recibió una petición de derribo en 2013, no la autorizó. La formación criticó el “intento de manipulación de PNV y PSE por no asumir la responsabilidad de haber concedido el permiso de derribo e intentar traspasarlo al anterior Gobierno de Bildu”. Según señaló la coalición, “es una cobardía basada en la mentira porque quienes han dado la autorización de derribo el gobierno municipal y no EH Bildu”. Asimismo, criticaron que el nuevo ejecutivo local que “no ha hablado previamente con los jóvenes, no ha propuesto alternativas y la única opción que les dan es irse a la calle”.