Pasaia - El Pleno Extraordinario celebrado ayer en Pasaia tuvo como punto más polémico una modificación de la Norma de Ejecución Presupuestaria, que recoge los sueldos de los ediles. En este punto, con los votos a favor del equipo de gobierno (PSE-EE y PNV) se aprobó subir el nivel de retribución de la alcaldesa, Izaskun Gómez, de un 14 a un 21, lo que según cálculos de EH Bildu supone percibir 12.000 euros brutos más al año.
Asimismo, se fijó que los siete concejales liberados, tanto a tiempo parcial como a jornada completa, pasen de un nivel 12 a un 14 y perciban cerca de 1.900 euros mensuales en el caso de trabajar a tiempo completo.
Estas medidas fueron muy criticadas por los grupos de la oposición EH Bildu y Pasaia Ahal Dugu y por la treintena de vecinos que se acercaron al palacio Arizabalo y abuchearon al gobierno municipal, que no explicó su posición en el Pleno y lo abandonó entre insultos y abucheos.
Desde que el martes se adoptara la decisión de aumentar los sueldos de los políticos en la Comisión de Hacienda, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas y denuncias. Tras esta situación, ayer en el Pleno se presentaron modificaciones de última hora. El Gobierno local barajó ofrecer explicaciones públicas pero, a última hora de la jornada, fuentes socialistas declinaron hacer declaraciones de momento.
Por su parte, según dijo EH Bildu, a última hora Gómez había decidido cobrar según el nivel 21, en vez del 24 (cerca de 3.600 euros mensuales) aprobado el pasado martes. “A pesar de esta rebaja no podemos olvidar que va a cobrar siete niveles más que la anterior alcaldesa, 12.000 euros más al año”, apuntó la edil Oihane Oronoz, quien explicó que esos incrementos van a suponer un aumento del gasto en los sueldos de un 100%.
Por su parte, la portavoz de Pasaia Ahal Dugu, Nerea González, aseguró que en vez de un nivel 14 iba a rebajarse el sueldo hasta un nivel 11.
Además, esta formación aseguró que el equipo de gobierno había planteado la supresión del punto 10.10 de la norma, en la que se fija la obligación de que los concejales liberados asistan a los plenos. Así las cosas, dicho partido de la oposición presentó una enmienda para incluir este deber, una propuesta que fue aprobada por unanimidad.