Donostia. Los dueños de la casa ocupada de la calle Gaztelubide, rebautizada como Uxotegi, han hecho público un escrito en el que consideran "inadmisible" la situación generada y critican duramente el informe redactado por el subcomisario de la Guardia Municipal, Joxe Anta, en el que manifestaba que no se produjo delito, motivo por el cual los agentes no impidieron la ocupación del edificio particular.
El abogado de la propietaria considera "radicalmente falso" que no se produjera delito y recuerda que el Código Penal establece penas de hasta dos años de cárcel por ocupar un inmueble con violencia o intimidación, "como ha sido el caso".
El representante de la dueña, una mujer de 104 años que el pasado mes de julio logró adquirir la totalidad del edificio para habilitarlo con destino a sus hijos, pregunta públicamente al Gobierno de Donostia si ahora "¿basta con que un inmueble no esté habitado para que se pueda ocupar libremente sin cometer delito alguno?". Asimismo, desea saber si da lo mismo "que el inmueble esté cerrado, que haya que escalar hasta el balcón, que haya que forzar el tapiado con una palanqueta (...) y haya que serrar las cerraduras para que el resto de los ocupantes accedan?". Finalmente, cuestiona al Consistorio si no deben intervenir los guardias municipales si están presentes, como sucedió en el caso de la casa de Gaztelubide 5 el pasado 24 de septiembre.
La diferencia Para el representante legal de la dueña, la única diferencia entre la ocupación del citado edificio y la que abortó la Guardia Municipal el día anterior, en el número 3 de la misma calle, obedece a la presencia del secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, que intervino en la situación, lo que ha sido muy criticado por los grupos políticos de la oposición.
Según el abogado, el criterio de la Guardia Municipal ha sido, hasta ese momento, actuar en contra de las ocupaciones ilegales de edificios. Y cita como ejemplo, el desalojo de dos personas el día anterior a la de Uxotegi, a quienes la Policía Local identificó, desalojó y ocupó las herramientas utilizadas para acceder al inmueble.
El abogado concluye que la rehabilitación prevista por la familia para el edificio lleva un mes de retraso a causa de la presencia de los jóvenes en su interior y agrega que reclamará en los tribunales por los daños sufridos en la propiedad a quienes consideren responsables de los mismos.
