En una rueda de prensa celebrada en la capital guipuzcoana, el alcalde de la ciudad, Odón Elorza, acompañado del concejal de Urbanismo, Jorge Letamendia, ha asegurado que, "con la sentencia, se confirma que teníamos razón".
La empresa BRUES inició, en su momento, un doble conflicto contra los adjudicatarios de 178 viviendas de VPO en derecho de superficie en Riberas de Loiola y contra el Ayuntamiento donostiarra, con la intención de cobrar un sobreprecio de tres millones de euros a los compradores y exigía al Consistorio otros tres millones alegando daño emergente.
De este modo, el Ayuntamiento se opuso a las exigencias de BRUES y recomendó a los compradores que no abonaran los 18.000 euros de sobreprecio que se les reclamaba, por lo que la mayoría de los adjudicatarios optó por abonar el precio recomendado por el Ayuntamiento, con el compromiso firmado de que pagarían el sobreprecio si así lo acordaban los tribunales y, de esta forma, el Ayuntamiento se hizo cargo de los avales.
La sentencia emitida por el TSJPV resuelve la cuestión y Letamendia ha apuntado que las 178 familias que adquirieron las viviendas de Riberas de Loiola "pueden estar tranquilas", ya que, en opinión del concejal de Urbanismo, "fueron objeto de algo calificado como chantaje". Los compraores pueden ya liquidar los compromisos de sobreprecio, solicitando a las entidades financieras la anulación de los avales.
