Donostia. Un segundo informe emitido por el Ayuntamiento donostiarra ratifica lo que ya comprobaron los grupos de la oposición: que el alcalde, Odón Elorza (PSE-EE), no puede modificar la implantación de la OTA en Zuatzu, Miramon e Igara a través de bandos de alcaldía o mediante declaraciones recogidas por los medios de comunicación.
Fue el propio regidor quien solicitó este segundo informe de la secretaría general del Consistorio, después de que los grupos del PP, PNV y EA decidieran forzar la celebración de un Pleno con la intención de modificar la ordenanza en vigor y excluir los tres polígonos empresariales de las zonas de estacionamiento reguladas.
En la petición del informe, el alcalde pedía aclaraciones al secretario general sobre si el Gobierno local "debe adecuar sus decisiones sobre la no aplicación de la OTA en los tres polígonos industriales", puesto que ya existe una ordenanza aprobada en 2010 y se ha adjudicado el contrato. El secretario informó de que el Ejecutivo local "debe realizar las actuaciones necesarias para la consecución del interés general y con sujeción, en todo momento, a la legalidad".
En este sentido, puntualiza que "una alteración del ámbito concreto del dominio público" que se vaya a regular "supondría una modificación del contenido de la ordenanza". También indica que el Pleno "es el órgano competente para su aprobación", como ya señalaba el anterior informe, que fue solicitado por los grupos del PP, el PNV y EA.
El escrito precisa además que por el momento "no existe decisión administrativa alguna en relación con una no aplicación de la OTA", es decir, que no se ha efectuado ningún trámite legal que permita eliminar la regulación en los parques.
El informe también hace referencia al bando de Alcaldía y las afirmaciones de Elorza reflejadas en los medios de comunicación sobre la suspensión provisional de la OTA en Zuatzu, Miramon e Igara hasta que concluyan los estudios de movilidad que se están elaborando en esos puntos. Explica de nuevo que esas actuaciones "no modifican el ordenamiento jurídico de aplicación ni constituyen ninguna decisión en sí mismas", sino que su función es "explicar normas o declarar intenciones" que, en este caso, debe ratificar el Pleno. El informe puntualiza además que por ahora "no constan decisiones de ningún órgano municipal" sobre esta cuestión.
Por lo tanto, ni el bando de Alcaldía ni las declaraciones públicas del regidor pueden tener efectos en la regulación efectiva de la OTA. Así, sigue en vigor la implantación del sistema de pago en los tres parques hasta que el Pleno no decida lo contrario.
Mientras, prosigue la elaboración de los estudios de movilidad en los polígonos y sus resultados se conocerán en torno a septiembre u octubre. Asimismo, el alcalde avanzó que mantendría conversaciones con los trabajadores de los polígonos antes de tomar una decisión sobre la posibilidad de eliminar la OTA en los tres ámbitos.
Contrato El nuevo informe, que ratifica lo que ya señalaba el anterior, hace una advertencia sobre los efectos en "los términos contratados con el concesionario" si se modifica la ordenanza, como es el caso. Subraya que si esta modificación "diera lugar a una ruptura del equilibrio económico-financiero de la concesión", el Ayuntamiento estaría obligado a "adoptar las medidas pertinentes para su recuperación".
Sin embargo, Elorza insistió en que Eysa -empresa adjudicataria del servicio- estaba al corriente de la suspensión provisional de la OTA en los parques y afirmó que la situación no planteaba mayores problemas. Además, restó importancia a las consecuencias económicas que tendría la alteración del contrato para la empresa, ya que, desde su punto de vista, son pequeñas cantidades.
