Ibáñez fue un dibujante genial y un extraordinario cronista de la realidad social de este país en los años sesenta. Y, sin ser consciente del tema, un descriptor profético de las chapuzas de nuestro Ayuntamiento. De las innumerables que existen y que, poco a poco, irán saliendo a la luz pública. Pero, de modo muy especial, de la denominada Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Contratación en relación con los peculiares modos y maneras en los que, durante nueve años -se dicen pronto- dos empresas del sector han prestado sin contrato el servicio de limpieza de los edificios municipales.

Que el Secretario General emita un informe en el que afirma que el Ayuntamiento ha estado vulnerando el principio de libre concurrencia en la contratación y que, por lo tanto, no se atiene a las prescripciones legales? ¡No pasa nada! Que el alcalde y la delegada de Hacienda admitan que conocían la irregularidad de la situación? ¡Para eso somos los mandamases del chiringuito! Que el máximo edil prometiera en noviembre de 2005 que resolvería el asunto en un par de meses y de eso nada monada? ¡Bueno soy para que nadie me exija el cumplimiento de mi palabra! Que una de las empresas -casualmente FCC- cobre más que la otra por el mismo cometido? ¡Florentino es mucho florentino!

Y al final, como quien "juzga" coincide con el "infractor", funciona el rodillo y las conclusiones son las que son: aquí paz y después, gloria.

A los simples ciudadanos de a pie todo esto les huele a podrido. Y no entienden.

No entienden que al alcalde ni se le ocurra pensar que existen, por lo menos, responsabilidades políticas que debería asumir. Ha sido consciente durante nueve años de que estaba infringiendo la legalidad y se queda tan pancho. No entienden que la concejal delegada de Hacienda, el secretario municipal, el interventor y la directora de presupuestos hayan actuado saltándose a la torera todos los requisitos establecidos y admitan el pago y paguen -con dinero público- facturas millonarias en euros sin contratos que las soporten. Y no entienden que la oposición, que para eso cobra, no vaya directamente al juzgado a presentar una demanda por un presunto delito de prevaricación.

Las chapuzas de Pepe Gotera y Otilio eran divertidas por inocentes. Las de nuestro Ayuntamiento de una gravedad preocupante. ¿Hasta cuándo?