Donostia. Las 510 familias residentes en las viviendas de VPO de Benta Berri podrán ampliar su periodo de estancia en las mismas otros cinco años, según anunció ayer el Gobierno Vasco por medio de una nota informativa.
En los últimos tiempos, los inquilinos de estas viviendas protegidas -que nacieron en 1998 de la mano del Ejecutivo de Vitoria y una empresa privada-, se han movilizado ante la incertidumbre que pesa sobre su futuro, tal y como informó NOTICIAS DE GIPUZKOA el pasado domingo. Lakua recuerda que el compromiso inicial de la empresa era mantener las viviendas en arrendamiento doce años.
Los contratos firmados por gran parte de los residentes expiran en diciembre y, a partir de entonces, desconocen cuáles serán los criterios que empleará la empresa privada UTE Benta Berri para renovar o no los contratos de sus inquilinos. Según explican los vecinos, algunos han cambiado su situación económica y podrían verse en la calle si la empresa opta por no renovarles. Por ello, han mostrado públicamente su preocupación y han acusado al Gobierno Vasco de desentenderse de sus problemas.
Ayer, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco hizo saber que "ha obtenido de la empresa el compromiso de ofertar a los inquilinos un nuevo sistema de prórrogas sustancialmente mejorado". En concreto, la propietaria ofrecerá a los residentes suscribir una prórroga de cinco años "como si fueran arrendamientos recién firmados". De este modo, una vez finalizada la ampliación temporal, los inquilinos más antiguos llevarán 17 años en las viviendas y no doce, como estaba previsto en los contratos.
Eliminar la incertidumbre Para el Ejecutivo Vasco, "esto supone una notable mejoría en las condiciones de los inquilinos, superior en todo caso a lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos para cualquier vivienda en alquiler". Lakua añade que con el compromiso adquirido con la empresa propietaria de los pisos "se elimina toda incertidumbre que pudieran tener los inquilinos sobre el mantenimiento de sus viviendas en régimen de alquiler, o sobre la posibilidad de tener que abandonarlas".
La prórroga de cinco años se ofrecerá a cada inquilino "próximamente", sin modificar el resto de las condiciones contractuales "y sin que suponga menoscabo alguno de las obligaciones de la empresa titular", según señala la nota informativa.
El Gobierno Vasco asegura que, "consciente de la inquietud de los vecinos que terminan ahora sus contratos", ha venido negociando con la empresa titular para "promover las condiciones necesarias que den tranquilidad y estabilidad a los inquilinos, que cumpliendo con sus obligaciones contractuales, estén interesados en continuar con sus arrendamientos".
Los vecinos de estas viviendas crearon en 1999 la asociación Alokairu para reivindicar el derecho a adquirir los pisos una vez finalizado el periodo de arrendamiento, tal y como ofrecía la propaganda de la promoción residencial, aunque no los contratos finalmente firmados.
