zarautz. Los propietarios de Elizelai y Laurgain de Zarautz han querido mostrar los motivos que les llevaron a presentar la impugnación contra la licencia de obras para levantar los 150 pisos de alquiler social previstos por el Ayuntamiento ante los tribunales. A través de un escrito, señalan que hace más de diez años cedieron dicho terreno al Consistorio para destinarlo a equipamiento público, con una plaza libre vecinal y un edificio público durante 30 años, y denuncian que "sin oírles" se edificarán viviendas. Tratan "de evitar que más adelante, como consecuencia de una resolución favorable a las comunidades, se derriben las 150 viviendas, trasteros, locales y garajes, por resultar ilegal su construcción".

Según explican en la nota, los vecinos de Elizelai y Laurgain cedieron entre 1994 y 1996 al Ayuntamiento de Zarautz 15.260 metros cuadrados para calles y jardines; además de una parcela de 4.750 metros cuadrados (la actual de Kortazar), para ubicar un edificio destinado a equipamiento y servicio público (40%) y el resto (60%) como plaza pública de 2.850 metros cuadrados. "Las Leyes vigentes obligan a destinar estos espacios cedidos durante, al menos, 30 años al fin para el que fueron entregados", advierten. Sin embargo, el Ayuntamiento, "sin respetar tal plazo y sin oír a los vecinos, ha alterado el destino de tal parcela suprimiendo la plaza pública y el edificio público, pretendiendo construir 150 viviendas, locales, garajes y 150 trasteros".

"rebasa la ley" Ante esta situación, acudieron a los tribunales para pedir que se mantuviera el compromiso tomado hace más de diez años y advirtieron de que la cesión al Departamento vasco de Vivienda y Medio Ambiente por parte del Ayuntamiento "es insuficiente", porque para construir los 150 pisos son necesarios 8.301 metros cuadrados (Kortazar tiene 4.750). Denunciaron asimismo que el Plan General de Ordenación Urbana de Zarautz permite en Kortazar "tan sólo dos bloques de planta baja más cinco de altura y la licencia de obras concede tres bloques de planta baja más seis". Además, señalaron que la densidad edificatoria de la licencia rebasa la permitida: "La densidad de viviendas por hectárea, que en las áreas de Elizelai y Laurgain es de 62 viviendas por hectárea, pasa en la licencia impugnada (150 viviendas para 4.750 metros cuadrados) a 315 pisos".

El Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Donostia, al recibir la impugnación de Elizelai y Laurgain "antes aún de tramitar el juicio", decidió como medida cautelar suspender la ejecución de las obras. "Y lo hizo no una, sino tres veces; en base a que es mejor paralizar ahora la licencia, que no tener luego que derribar las 150 viviendas, locales, trasteros y garajes", aseguran los vecinos.

El Ayuntamiento recurrió tales medidas de suspensión y, tras obtener su revocación el pasado 17 de marzo, anunció que comenzará a construir los pisos a finales de año. Sin embargo, los propietarios de Elizelai y Laurgain recuerdan que "el proceso planteado ante el juzgado sigue su tramitación, hasta que se dicte sentencia que declarará si dicha licencia de obras otorgada a Visesa es ilegal o no". Estiman que la tramitación y resolución de los recursos durará aproximadamente un año. "Si el Ayuntamiento o Visesa, beneficiaria de la misma, se arriesgan a ejecutar las obras, serán los Tribunales los que tendrán la última palabra, pues si se anula la licencia tendrán que derribar lo edificado", alertan.

"El Consistorio pretende justificar la cesión gratuita del solar Kortazar diciendo que es para viviendas en alquiler para los jóvenes, pero Lakua, por el contrario, ha señalado que los 150 domicilios son para su venta, con su trastero y su garaje cada una", subrayan. "Todo ello cuestiona la legalidad de la actuación municipal, pues el Tribunal Supremo ha dicho recientemente que: Por muy respetable que sea el derecho constitucional de que los jóvenes accedan a una vivienda digna, tal satisfacción no puede hacerse en contra de la legalidad urbanística, pues de lo contrario, ese derecho se verá, en definitiva frustrado", añaden.

Los zarauztarras concluyen la nota aclarando que están "claramente a favor de la construcción de vivienda social, pero siempre que se cumpla la legalidad".