- Si bien la tesis de que Osasuna no cometió amaños de partidos solo ha triunfado en parte -fue toda una victoria que no se imputara al club al acabarse la instrucción, pero la condena por corrupción a sus exdirectivos ahí está-, el abogado del club en este pleito, Miguel Ezcurdia, recuerda que la responsabilidad civil que se deriva de este procedimiento alcanza casi la totalidad de lo que se denunció por parte del club como dinero desaparecido de sus cuentas y de su caja fuerte. El exgerente Vizcay, el expresidente Archanco y los exdirectivos Pascual, Bandrés y Peralta tendrán que pagar de manera solidaria a Osasuna por 2.340.000 euros, la cantidad que la Audiencia considera que se detrajo para amaños de partidos (650.000 euros) y para otros fines que no están claros y que, por ello, se consideran apropiación indebida. La indemnización solidaria debe ser pagada por los cinco acusados al acreedor, que puede ir contra cualquiera de los condenados para que abone la totalidad de la responsabilidad civil.
En el caso de que uno de los acusados hiciera frente a la totalidad de la indemnización, podría luego reclamarla a partes iguales al resto, por ello no será sencillo de que se pueda abonar dicha cantidad habida cuenta de que no existe una solvencia manifiesta entre los acusados. El fallo acredita además que solo Vizcay conoció del préstamo de 600.000 euros que supuestamente realizó el cuñado del exdirectivo Purroy y que no se contabilizó en el club. Por lo que los citados 600.000 euros también deben ser indemnizados por el exgerente a Osasuna. Desde que la causa se encontraba en el juzgado de instrucción, los acusados ya habían sido requeridos para que hicieran frente al pago de fianzas por tres millones de euros. Entonces, más allá de una investigación penal que recae sobre Archanco por un posible alzamiento de bienes (se aborda en la página 47), al expresidente se le habían trabado embargos sobre saldos de cuentas bancarias y productos financieros por 129.000 euros. A Vizcay se le habían embargado entre fondos y propiedades otros 300.000 euros y también se procedió al embargo de parte de las nóminas o pensiones de Pascual, Peralta y Vizcay, así como de las viviendas a su nombre.
