El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrado ayer volvió a eludir la demanda de oficialidad del euskera, catalán y gallego solicitada por el Gobierno español en base a una argumentación poco consistente y que revela la incomodidad de varios Ejecutivos con las implicaciones del asunto en clave interna. La radicalidad legalista que se arguye como impedimento pierde pie rápidamente. El informe jurídico de los abogados del Consejo se aferra a que solo pueden considerarse oficiales en la Unión las lenguas en las que cada Estado redactó y firmó el Tratado de Lisboa en 2009, como indica la letra del propio tratado. Arguye el informe que para soslayar ese impedimento haría falta modificar y ratificar de nuevo el Tratado, con la complicación que supone. Sin embargo, otra lectura sostiene que un mero ajuste del Reglamento del Régimen Lingüístico bastaría. A su favor está el precedente irlandés, que ni redactó ni firmó en gaélico el Tratado –lo hizo en inglés, lengua cooficial– pero que ha logrado incorporar su lengua nacional a la oficialidad en la Unión. La excusa es, pues, un placebo como lo es el de la financiación. No hay en la propuesta del Gobierno español, comprometida con sus socios vascos y catalanes, duda sobre que no habrá coste añadido al presupuesto europeo en tanto lo asumirá el Estado. Lo que sí sucede es que introducir esa cuña en el procedimiento hace temer a algunos que deban acabar asumiendo el coste de sus propias traducciones. Este es también uno de los motivos de oposición de Estados que contienen lenguas minorizadas. Pero, sobre todo, tiene que ver con la instauración de un precedente que provoque una cascada de peticiones en sus propias realidades socioculturales infraestatales. Las cautelas que incluye la propuesta del ministro Albares ya pondrían freno a una barra libre, pero no, evidentemente, a tener que afrontar en los Estados-nación que no tiene resuelta su propia diversidad interna la visibilidad de un debate político sobre reconocimiento que hallaría un asidero argumental en el marco de la Unión Europea. No hay un problema normativo que impida realmente la oficialidad del euskera, sino una excusa para no aflorar carencias democráticas en los modelos clásicos de nación uniformizada que choca con la plurinacionalidad sociocultural latente.