El tensionamiento de las estructuras de acogida a migrantes –con especial incidencia en las dirigidas a los menores extranjeros no acompañados– sigue sin ser afrontada mediante un pacto político general que permita practicar políticas de corresponsabilidad. Las expectativas manejadas ante la reunión de ayer entre Gobierno, PP y los presidentes de Canarias y Ceuta, si las había, quedaron defraudadas muy pronto. La propia configuración del encuentro ya denota un enfoque equivocado. El problema de gestión de la inmigración no es exclusivo de quienes, por posicionamiento geográfico, son receptores prioritarios del flujo de personas. Para empezar, determinados discursos políticos pierden el foco con facilidad de esa condición humana de los migrantes. Además, se sustituye un principio de corresponsabilidad por una voluntad de preservación del statu quo. Y éste está hoy desequilibrado y marcado por la elusión de compromisos entre las administraciones autonómicas, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular. El debate sigue atascado en el mismo punto: el discurso de la prevención, el filtro y el establecimiento de medidas coercitivas y disuasorias que demanda la ultraderecha y ha hecho suyo el partido de Núñez Feijóo. Tras él se escuda la negativa a asumir una coordinación de las políticas migratorias y un reparto de la función humanitaria de las administraciones. De ahí su negativa a consensuar una nueva reacción del artículo 35 de la Ley de Extranjería en el sentido de implicar la participación solidaria de las comunidades por determinación legal. A la condición de refugiados con derecho a asilo y de menores no acompañados de muchos de estos emigrantes no se responde con la debida diligencia sino con evasivas. Pero, además, la situación demográfica hace que el Estado precise de su llegada para mantener una estructura de bienestar y una calidad de vida que depende de la capacidad de crear riqueza y la baja natalidad local se traduce en imposibilidad de cubrir esa necesidad. El foco en la criminalización de colectivos y la utilización del concepto de seguridad para orientar un estado de opinión contrario a las personas inmigrantes redunda en detrimento de las posibilidades de crecimiento equilibrado y equitativo. La ciudadanía autóctona resulta perjudicada de la falta de medidas.