Corea del Sur bordeó el golpe de estado con la decisión del presidente Yoon Suk-yeol de instaurara la ley marcial, provocando un choque con el poder legislativo que no ha derivado a un conflicto mayor por la rápida reacción de una mayoría de diputados electos y la marcha atrás de las medidas represivas que comenzaban a activarse. Para entender lo sucedido, durante las seis horas de suspensión de facto de los derechos políticos en virtud de la medida de excepción, es preciso atender a la situación política del país. El presidente Yoon se encuentra acorralado por denuncias de presuntos fraudes que afectan a su oficina presidencial y también a la primera dama. Su partido ha perdido la mayoría para gobernar en las últimas elecciones legislativas y la presión de la oposición en los últimos días y horas se materializaba en mociones que estaban en disposición de imponer un presupuesto a la baja y la destitución de cargos de la fiscalía y el órgano de control de las cuentas públicas por obstruir los procesos de investigación de las denuncias citadas. La apelación de Yoon a que las acciones de la oposición servirían a intereses de Corea del Norte se utilizó como argumento para trasladar el poder político al Ejército. En un país donde la situación de guerra latente con el vecino del norte está plenamente interiorizada, la excusa de la amenaza exterior pudo hacer dudar a parte de la opinión pública pero no a la mayoría parlamentaria, incluyendo a diputados del partido de Yoon. La legalidad obiliga a que la Asamblea Nacional ratifique las razones de la ley marcial o las rechace. Una vez aprobada su derogación, seguir adelante con ella hubiera sido un golpe de estado sin paliativos. La marcha atrás de Yoon le deja en vísperas de la destitución y al país en la necesidad de recomponer consensos políticos y aportar estabilidad a la gestión de la economía pero debería reconducirse sin mayor sobresalto, algo que ya descuentan los sensibles mercados financieros, que no profundizan en la incertidumbre. Mención aparte merece la actuación de los mandos militares surcoreanos, que desplegaron unidades para suspender la actividad del Parlamento, aun cuando ésta era imprescindible incluso para ratificar la ley marcial. Afortunadamente, se recondujeron a la legalidad pero el tic intervencionista queda a la vista.