Los partidos que componen el Gobierno de Pedro Sánchez –PSOE y Sumar– han cerrado un acuerdo con EH Bildu para reactivar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada durante la mayoría absoluta del Mariano Rajoy. Eliminar los extremos más lesivos de los derechos de información, libre expresión y manifestación de la conocida popularmente como ‘Ley mordaza’ ha estado sobre la mesa desde su aprobación en 2015 y, de hecho, el acuerdo para reactivar ahora la tramitación de su reforma hace suya la base de la primera iniciativa presentada por el PNV en 2017. Ésta adquirió nueva vigencia con la llegada de Sánchez al Gobierno y vio frustrada su tramitación en marzo del año pasado, precisamente por los votos en contra de EH Bildu y ERC. Atendiendo a los términos conocidos y al procedimiento pendiente, no se entiende el cambio del criterio que animó a tumbarla entonces. Las razones de quienes impidieron la reforma fueron, esencialmente, que su compromiso era la derogación, no la reforma; que la norma debía incluir la suspensión de devoluciones ‘en caliente’ de inmigrantes sin permiso de entrada; y la eliminación de las pelotas de goma como material antidisturbios. La aplicación del principio de autoridad de las Fuerzas de Seguridad del Estado se acogía en la reforma bloqueada con mayor precisión y seguridad jurídica que en este acuerdo. En sus términos, éste da la razón implícitamente a quienes pedían hace 18 meses que se continuara tramitando porque las calificadas como ‘líneas rojas’ podrían acometerse en fase de enmiendas o, directamente, no competían al ámbito de esta ley. Pues bien, la regulación de las expulsiones ‘en caliente’, efectivamente, se admite hoy que son materia de la Ley de Extranjería; la eliminación de las pelotas de goma es una declaración de intenciones aplazada a materialización posterior; el ejercicio de la autoridad policial no queda reglamentado; a la vista está, la norma no será derogada sino reformada; y, pese al apoyo anunciado por el PNV, se abre el ciclo de enmiendas condicionado por una actitud de Junts y Podemos sobrevenida, que no garantiza una mayoría. Es lícito preguntarse si una operación de imagen –sobre una iniciativa necesaria para garantizar principios democráticos– justifica el año y medio perdido por el veto instrumental de EH Bildu y ERC.