Los partidos españoles se encuentran enzarzados en un cruce de reproches por los supuestos casos de corrupción y fraude que salpican directa o indirectamente a políticos de PSOE y PP. El tono del debate parlamentario vivido esta semana en Congreso y Senado pone de manifiesto que priorizan enredar la percepción ciudadana salpicando al rival político, en lugar de clarificar los hechos y acometer medidas que eviten hechos que mueven al escándalo, si se acredita que son precisas más allá de las vigentes. Se van a constituir comisiones de investigación, que deberían ser el mecanismo que permitiera acreditar el buen o mal funcionamiento de los procedimientos administrativos y la dimensión de la eventual responsabilidad política de situaciones como el presunto enriquecimiento ilícito vía comisiones de personas a las que se acusa de haber aprovechado su influencia y contactos políticos para ello. Sin embargo, su utilidad ya va a quedar marcada y cuestionada por la voluntad manifiesta de que su prioridad no estará en obtener las debidas garantías del sistema sino en incentivar el reproche social y el desgaste político. En esa dinámica, se asiste con estupor a la baja calidad de los argumentos, en los que pesa más vincular con supuestas prácticas reprobables a la esposa del presidente del Gobierno o a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a la identificación leal de los problemas. Se prima construir la percepción de un motivo de reproche que la clarificación fehaciente de los hechos. Con esta dinámica, el deterioro del clima político lo es también de la capacidad de discernir lo que es un uso partidista de titulares mediáticos de la verdadera responsabilidad atribuible en casos que mueven al escándalo. Una suerte de ventilador en el que se pretende extender a las siglas rivales la mancha de las prácticas de personas individuales sin haber acreditado las responsabilidades ciertas ni su alcance, que es un principio básico de la garantía judicial efectiva y un pilar del Estado de derecho. La estrategia de desgaste con reproches cruzados entre PP y PSOE acaba debilitando la estructura institucional democrática y alimenta la desafección en tanto a la opinión pública se le cuenta que padece una baja calidad resolutiva y es mero marco del insulto y la manipulación. Una estrategia de agitación de peligrosas consecuencias.
