El 93% de la representación ciudadana en el Parlamento de Gasteiz aprobó ayer la Ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática acreditando el consenso social sobre el derecho a construir mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista y combatir la exaltación formal e ideológica de un régimen ilegítimo y criminal. La norma llega precisamente cuando la derecha española se encuentra lanzada a una campaña revisionista de la memoria que pasa por la derogación de las leyes autonómicas que buscan preservar los derechos de las víctimas de la dictadura y la guerra de 1936. Los siete votos disidentes de PP, Vox y C’s en el Parlamento Vasco representan esa campaña, que ya se ha cobrado esas normativas autonómicas en Aragón y Cantabria, a las que seguirán su derogación en Extremadura y Baleares, en el marco de los acuerdos de Gobierno PP-Vox. Para justificar que se de la espalda al consenso social abrumador en Euskadi, las sucursales locales de la derecha española volvieron a esgrimir la falsa dicotomía con las víctimas de ETA. En términos de verdad, justicia y reparación, el discurso es mezquino. Todas las víctimas de todas las violencias tienen derecho a esos principios y las administraciones la obligación de asistirlas en ellos. El reconocimiento colectivo o individualizado de cada una de ellas no va en detrimento de las de otro signo. La manipulación del discurso no oculta más la evidente pretensión de restaurar el muro de silencio que han padecido los perseguidos, asesinados y represaliados por el franquismo. Es un insulto más; la enésima utilización de las víctimas del terrorismo como parapeto para amparar el revisionismo de la memoria que con dificultad y esfuerzo han hecho aflorar voces comprometidas que han hallado, con dificultad, limitaciones y dilación en el tiempo, el amparo merecido. Es momento de arropar la ley vasca de Memoria como lo es de poner pie en pared frente a los enemigos de la verdad, frente a quienes quieren mantener enterrado un pasado abyecto para poder falsear la Historia y alimentar la confrontación interesada. Las víctimas del franquismo y su memoria merecen, como las demás, ser liberadas del secuestro histórico de su verdad, del escarnio del ensalzamiento de sus verdugos y de la criminalización por parte de quienes nos exigen enterrar aquellos crímenes para no “dividir a la sociedad”.