El preacuerdo alcanzado en el ámbito del Estado español entre la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO para una subida de salarios progresiva hasta 2025 es, en principio, una buena noticia ya que es un pacto fruto del diálogo social en un momento muy complicado. Aunque los agentes implicados han advertido de que el acuerdo tiene aún varios “flecos” sobre los que negociar, en lo sustancial se plantea a las empresas y a los comités la conveniencia de acordar un incremento de sueldos del 4% para el presente año y del 3% tanto en 2024 como en 2025. El objetivo declarado y obvio de esta inédita alianza entre la patronal y los principales sindicatos españoles es paliar en alguna medida la importante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación desbocada acumulada durante ya muchos meses y que apenas comienza a moderarse ligeramente. El acuerdo viene a ser, en ese sentido, un remedo de un pacto de rentas que debería explorarse en toda su dimensión y complejidad. El modo de afrontar un problema que afecta a la inmensa mayoría de la población como es el incesante aumento de precios, y en especial el de los alimentos, es, sin duda alguna, la concertación y el pacto. Sucede que el acuerdo ahora en ciernes tiene lugar sólo cuatro días después de que los sindicatos firmantes lanzaran durante la celebración el lunes del Primero de Mayo durísimas críticas contra la patronal y amenazasen con extender las movilizaciones, incluidas las huelgas. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, afirmó que si la patronal “no se aviene a negociar, la batalla se va a trasladar a los convenios colectivos, trinchera a trinchera”. El preacuerdo alcanzado merced a la negociación podría desactivar el creciente clima de confrontación. Sin embargo, está por ver su traslado directo a las empresas, ya que su aplicación no es obligatoria y no todas las sociedades están en la misma situación económica para afrontar subidas que puedan poner en riesgo su viabilidad. En cualquier caso, ese acuerdo tiene el rechazo de los principales sindicatos vascos, ELA y LAB, con lo que su aplicación en Euskadi será complicada y posiblemente motivo de otro conflicto. Ambas centrales deberían avenirse a la habilitación de un diálogo sectorial equivalente en beneficio tanto de los trabajadores como de las empresas.