El desembarco en el puerto de Civitavecchia, en Roma, de una treintena de migrantes rescatados en el Mediterráneo por parte del buque vasco Aita Mari, al que se une también la llegada a Ancona del barco Geo Barents de Médicos Sin Fronteras con 48 personas salvadas de morir ahogadas, entre otras operaciones en la zona, pone de nuevo el foco de la actualidad sobre el interminable drama humanitario que tiene lugar en el Mediterráneo y las crueles e incomprensibles trabas que está poniendo el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni a las organizaciones de salvamento en el mar. En los últimos días, el mundo ha contemplado admirado, conmovido y agradecido la labor de los rescatistas que aún ayer lograban salvar vidas de los escombros, doce días después de los terremotos que asolaron Turquía y Siria, así como de las organizaciones humanitarias que ofrecen ayuda de todo tipo a los damnificados. Un trabajo encomiable cuyo propósito es idéntico al que llevan a cabo los rescatistas del mar: salvar vidas humanas, ofrecer ayuda y refugio a quienes no tienen nada. Esta realidad choca frontalmente con la actitud obstruccionista que practica el Gobierno italiano en el Mediterráneo. A las habituales maniobras para impedir la labor de las ONG bajo la excusa de las arbitrarias “inspecciones de seguridad” de los buques y que les permiten retenerlos, se ha unido ahora el nuevo decreto que fija intolerables condiciones a las embarcaciones civiles al obligarlas a dirigirse a puerto nada más terminar un primer rescate de personas, sin opción por tanto de socorrer a más náufragos, y designándoles puertos de desembarco alejados de la zona, con lo que deben realizar travesías largas con los supervivientes muchas veces en situación precaria. Esta nueva actuación atenta contra las más elementales normas del derecho marítimo, en especial del deber de prestar auxilio a personas en riesgo. Las ONG denuncian, además, que el decreto del Gobierno ultraderechista vulnera el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, que indica que las autoridades deben adjudicar el puerto seguro más cercano a la ruta del buque y reducir al mínimo el tiempo de desembarco. Todo ello mientras la Unión Europea parece desaparecida de la tragedia diaria y los desmanes de algunos Estados miembros en sus aguas.
