La experiencia de la crisis energética y la fijación de la autosuficiencia como objetivo, deben servir para extraer conclusiones a la hora de reformular, como está pendiente, el sector eléctrico y su mercado. Si la dependencia es el factor de inestabilidad, en el caso de Euskadi, del Estado español y de la propia Europa, tanto la actividad económica como las familias tienen en el sector renovable una oportunidad histórica. En la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral Navarra disponemos de un sector vanguardista; una empresa multinacional que lleva dos décadas apostando por esa vía; un clúster de empresas innovadoras que animan a aspirar a obtener energía abundante y sostenible económica y ambientalmente. El reto energético se conjuga en términos de competitividad y las renovables son un sector dinámico en el Estado por el liderazgo internacional de sus empresas, el crecimiento de su actividad industrial, su capacidad tecnológica exportadora y la de crear empleo local. La conformación de un entorno legal y de mercado que favorezca su papel como palancas de crecimiento y bienestar es una obligación y sería un error que la improvisación coyuntural las frustre. El modelo de mercado eléctrico va a determinar el fracaso o el éxito de esa apuesta. Nuestro sector energético necesita una hoja de ruta nítida y estable porque las inversiones necesarias que comprometerán la capacidad de las empresas para transformar el mix de generación precisan de seguridad. El diseño del mercado ibérico debe responder a esa necesidad de empresas, proveedores, clientes y sector financiero: precisan seguridad regulatoria, agilidad administrativa que no retrase hasta bloquear los desarrollos del sector –como la fallida subasta de licencias de parques eólicos en el Estado–. Lo anunciado de la propuesta del Gobierno español de mercado eléctrico europeo no va en esa dirección. La inseguridad que supondría la pretensión de planificar precios e intervenir en el mercado en función de la coyuntura es inquietante. En el pasado reciente, esa estrategia ha redundado en una apresurada acción normativa que ha favorecido el encarecimiento de la factura de miles de usuarios, especialmente aquellos vinculados al bono social, y repetir el criterio desviaría inversión internacional y pondría en riesgo empresas, empleos y familias. l
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