Cuando se enfríe el permanente revuelo en la política española y los discursos apocalípticos interesados del momento –y no será en los próximos meses–, puede abrirse una oportunidad para encarar el espinoso debate sobre el modelo de Estado, las naciones que engloba y el modo en que estas puedan expresar su derecho a decidir su relación con el mismo. El paso dado por ERC en relación a este asunto no es de aplicación inmediata ni las prisas por consolidarlo lo favorecerán necesariamente. De momento, ha cogido con el paso cambiado al resto del independentismo catalán, que reacciona entre irritado y descolocado porque percibe que se rubrica el final ya constatado de la unilateralidad como apuesta. La propuesta de Esquerra tiene al menos tres virtudes que ya habían sido apuntadas desde Euskal Herria y que el PNV viene defendiendo en torno al nuevo estatus: iniciativas de consenso, procesos legales y principio democrático. No hace otra cosa ERC con su propuesta que hacer suya una estrategia que el nacionalismo histórico vasco ha convertido en el eje del debate institucional y democrático. En primer lugar, la demanda de un reconocimiento multilateral de los agentes llamados a entenderse. Multilateral en el sentido de consenso interno, acuerdo con el Estado y respaldo internacional. En segundo lugar, el establecimiento de mecanismos soportados por la legalidad, que deberá ser adaptada si es preciso como lo fue en el Reino Unido para Escocia, en Canadá para Quebec o en Serbia para Montenegro. Y, por último, la aportación de un modelo de claridad en el planteamiento de la pregunta de un eventual referéndum, de identificación de las mayorías legitimadoras de su resultado y de garantía de respeto a la voluntad expresada. Son estos principios, más allá de los números concretos que se inspiren en ellos –50% y 55% de participación y mayoría–, los que abren un espacio de solución. La conclusión a la que ha llegado ahora la primera fuerza del nacionalismo catalán es la misma que viene defendiendo la primera de este país: un proceso de libre decisión requiere estabilidad política, transparencia y viabilidad legal. La reivindicación abstracta de una voluntad para confrontarla con otras no construye país. La madurez política para actuar en consecuencia no es fácil de alcanzar ni será inmediata pero otras fórmulas se han quemado ya.