La Declaración Universal de los Derechos Humanos inicia hoy el camino hacia su 75º aniversario, que se cumple exactamente dentro de un año, con la evidencia de que su proclamación nominal ha permitido avanzar en la consolidación de los mismos con desigual fortuna en diferentes momentos históricos y ámbitos territoriales. Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos conmemorando que un 10 de diciembre, el de 1948, Naciones Unidas aprobó el reconocimiento de que existen derechos inalienables a las personas, no sometidos al arbitrio de la perspectiva cultural, religiosa o política. La condición de ser humano convierte a cada individuo en titular de una integridad intocable en términos de dignidad, de igual acceso a las oportunidades de desarrollarse como persona y a la justicia para obtener protección frente a las amenazas a esa integridad. Con una agresión militar activa en territorio europeo y un estado de violencia, latente o explícita, en diferentes áreas de los cinco continentes, se hace evidente que los derechos proclamados están amenazados. Los tránsitos migratorios son una consecuencia objetiva de la carencia de garantía de esos derechos. No solo de derechos políticos como la libertad de expresión, de reunión o de asociación, que afectan directamente a la integridad física y el derecho a la vida explícitamente señalados como motivo de refugio. También de aquellos que proclama el artículo 25 de la Declaración y que tienen que ver con el sustento vital: la vivienda, el vestido, la alimentación o la salud. Derechos que, sin embargo, no adquieren el mismo reconocimiento cuando implican la movilidad geográfica para poder ser satisfechos. Hay grandes lagunas en el tratamiento de estos derechos que acaban siendo cuestionados en términos prácticos cada vez que la búsqueda de la supervivencia y la sostenibilidad vital no son amparadas con mecanismos de sustento a los que los Estados firmantes de la declaración se han obligado. Mecanismos aplicables en origen mediante ayudas al desarrollo; pero también en destino, reconociendo la migración por causas económicas como un fenómeno al que no cabe dar respuesta con medidas meramente coercitivas ni con el abandono a su suerte de los territorios receptores, cuya sostenibilidad y garantía de esos mismos derechos para sus ciudadanos pueda verse comprometida.