La proliferación de denuncias –no todas ellas presentadas como tales ante la policía–, generalmente por parte de mujeres jóvenes, de posibles casos de pinchazos recibidos durante actos festivos, en discotecas o aglomeraciones y que se están relacionando con supuestas agresiones por sumisión química, están generando una alarma social que no está del todo justificada. En las últimas horas, las fiestas patronales de diversas localidades vascas –fundamentalmente Baiona, donde hay cerca de 80 de estas denuncias, Gasteiz, Zarautz y Getxo– han sido escenario de presuntos casos que han sido o están siendo objeto de investigación. La situación no es nueva. Ya durante los pasados sanfermines hubo diversos incidentes con pinchazos sin que pudiera acreditarse que estuviesen relacionados con la sumisión química y casos similares se están dando en muchos lugares de todo el Estado. La semana pasada, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, informó de que hasta ese momento había habido tres denuncias presentadas relacionadas con pinchazos –dos en Gasteiz y una en Santur-tzi– que se estaban investigando, sin que pudiera determinarse “cuál es el sentido o el alcance de este tipo de agresiones”. Ayer, el Ayuntamiento de Getxo, tras contrastar los datos in situ por parte de la policía local y de la Ertzaintza, así como del análisis del cuerpo de la joven que habría sido víctima de uno de estos ataques, confirmó que “no se ha producido ningún intento de sumisión química”. Sin descartar posibles casos reales, parece obvio que se está extendiendo cierta sicosis que está dando lugar a una alarma en la ciudadanía. De momento, ninguna policía ha confirmado que hayan existido agresiones sexuales o violaciones vinculadas con una supuesta sumisión química, que junto al robo serían los objetivos principales de este tipo de ataques. En cualquier caso, el aumento de denuncias debe abordarse con especial rigor, siempre desde la responsabilidad, la prudencia y la calma, pero también desde la obligación de atender a las víctimas y perseguir a los agresores. Dada la alarma suscitada, las administraciones están obligadas a extremar las medidas preventivas y activar protocolos de actuación tanto policiales como sanitario-forenses para atajar los posibles casos y atender a las víctimas. La ciudadanía debe también, sin alarmismos injustificados, extremar la precaución y el cuidado mutuo. l