Las altas instituciones de la Justicia en el Estado español están funcionando en precario. El mandato de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducó hace tres años y medio, en diciembre de 2018. Por su parte, cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC), entre ellos el presidente y el vicepresidente, llevan un mes con su mandato agotado. La batalla que libran PSOE y PP por el control del poder en estas instituciones, cuya labor es fundamental en el entramado constitucional, está haciendo literalmente imposible la obligada y necesaria renovación de estos órganos. Esta pugna política está bloqueando el sistema de relevo previsto, y por tanto, impidiendo que se cumpla la ley –la Constitución–, y está también paralizando de facto el normal funcionamiento de la justicia. Existen pocas dudas de que es la actitud obstruccionista e intransigente del PP –que no está dispuesto a perder la mayoría conservadora en el CGPJ y el TC– la que ha llevado a esta situación. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco es ajeno a esta batalla. En este contexto de parálisis y bloqueo, el Ejecutivo ha buscado un resquicio mediante una proposición de ley de reforma del Poder Judicial que se vota este jueves y para la que tiene mayoría para aprobarla, que le permitiría el recambio de cuatro miembros del Constitucional, una medida que ha sido cuestionada por algunos juristas. El contraataque del PP ha sido la presentación de una propuesta de “pacto de regeneración y de reforma” de la Justicia al Gobierno para nombrar a los miembros del TC, bajo la condición sine qua non de que Sánchez retire su iniciativa en el Congreso. Se trata de una pugna impúdica que retrata la situación real y la politización extrema de la justicia en el Estado. Baste subrayar que el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, incidió ayer en que la situación actual “ha llegado a tal grado de deterioro que no basta con renovar las instituciones” sino que hay que “regenerarlas y reformarlas”, al tiempo que incidió en que su propuesta es un “pacto para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España”. Se trata de un retrato crudo de un estado de cosas impropio en una democracia. Es dudoso, sin embargo, que el PP quisiera de verdad “regenerar” la justicia en un sistema del que ha sacado buen provecho político en los últimos años. l