Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu
Este sistema de verificación de facturas establece que los sistemas informáticos de facturación deben generar un registro que no puede modificarse ni borrarse
El Ministerio de Hacienda va a retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las empresas, según han confirmado a EFE fuentes de Hacienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts incluirá una ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de las empresas en materia fiscal.
Fuentes de Hacienda han precisado que esta ampliación será de un año, por lo que el nuevo sistema Verifactu no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero de 2027 si tributan en el impuesto de sociedades, y hasta el 1 de julio de 2027 para el resto.
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El sistema de verificación de facturas Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación deben generar un registro que no puede modificarse ni borrarse, y que debe estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.
Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan software de facturación, salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en Euskadi y Navarra, por lo que no afectan a quienes facturan de manera manual.
Entrada prevista para el 1 de enero de 2027
La entrada en vigor de estas obligaciones estaba prevista para el 1 de enero del próximo año para quienes tributan en el impuesto de sociedades, y el 1 de julio para el resto, pero ahora se retrasa un año.
Sánchez también ha anunciado que el real decreto ley flexibilizará las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, es decir, aquellas que no computan para la regla de gasto. Esto permitirá que los ayuntamientos tengan más facilidad para invertir en proyectos que no impliquen gasto corriente, como la construcción de vivienda o la gestión del agua, sin incumplir sus obligaciones fiscales.