Los grupos parlamentarios de PNV, PSE-EE, PP y Vox rechazaron hoy, en el Pleno del Parlamento Vasco, y tal y como estaba previsto, la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que aboga por modificar la legislación estatal para facultar a las comunidades autónomas el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional aplicable en su territorio, algo que hubiera abierto la puerta a que la CAV pudiera constituir un SMI “propio”, superior a los 1.184 euros en los que está fijado en el Estado. La toma en consideración de la iniciativa recibió 44 votos en contra (PNV, PSE, PP y Vox) y 27 a favor (Bildu y Sumar), por lo que la ILP no será tramitada. De esta forma, la posibilidad de implantar un salario mínimo queda de nuevo a expensas de un acuerdo en el marco del diálogo social, algo que ahora se mismo como concibe muy complicado debido a la distancia existente entre sindicatos y patronal en esta y otras materias de carácter laboral.
La ILP, impulsada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, que presentaron 138.495 firmas en la cámara vasca en agosto, ya fue rechazada el pasado mes por el Gobierno vasco al no encontrarle base legal. Se trata de la segunda ILP que queda rechazada en el Parlamento, después de que en septiembre decayera la que planteaba la equiparación de las pensiones mínimas precisamente con el SMI. Hoy, la defensa de la iniciativa para un salario mínimo vasco ante el pleno del Parlamento corrió a cargo del secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, quien en su intervención subrayó que el SMI establecido en España “no sirve para salir de la pobreza” en Euskadi, al tiempo que abogó por establecer ese SMI propio en 1.500 euros para este año. A su juicio, fijar el salario mínimo en la CAV en esa cantidad “beneficiaría a más de 120.000 personas”. “Confebask se ha negado incluso a sentarse, y por eso interpondremos una demanda”, anunció el secretario general de ELA. Lakuntza. “Queremos que el salario mínimo para las trabajadores vascos se decida aquí y no en Madrid”, añadió. En el turno de explicación de voto, el parlamentario del PNV Markel Aranburu defendió que la vía adecuada para lograr el objetivo final que se busca en la ILP es “la negociación del salario mínimo propio de negociación colectiva en Euskadi”.
Por esta razón, y en alusión a sindicatos y patronal, Aranburu señaló que “es el tiempo del diálogo social y de la negociación colectiva; sin vetos ni posiciones maximalistas”. “No a la imposición y sí al consenso; menos ruido y más rigor en la búsqueda de un objetivo que debe ser común”, añadió. “Es vuestro turno y vuestra responsabilidad culminar este proceso; dialogad, negociad y acordad”, pidió, en un requerimiento expreso a sindicatos y patronal.
Por su parte, desde el otro partido que sustenta el Ejecutivo vasco, el parlamentario socialista Ekain Rico explicó que el PSE “comparte el objetivo de mejorar las condiciones laborales y asegurar salarios dignos para todas las personas trabajadoras”, un compromiso que ha demostrado “con hechos” tanto desde el Gobierno central, como desde Lakua. Sin embargo, indicó, lo que recoge la ILP “no es una buena idea”, ya que “permitir que cada comunidad pueda determinar la cuantía de su salario mínimo en su territorio, supondría abandonar el mínimo común de protección y abrir la vía a una competencia insolidaria, fomentando diferencias injustas entre trabajadores de distintas zonas de España”.
Desde Bildu, partido que apoyaba el texto, su portavoz Pello Otxandiano recordó que en 2023, el Parlamento Vasco aprobó una moción “favorable a un SMI propio” para Euskadi. Otxandiano denunció la actitud, a su juicio, de “bloqueo” y de “veto” por parte de Confebask a un acuerdo con los sindicatos que incluya un SMI “propio”, ante lo cual resulta “difícil” entender que se rechace la toma en consideración de una ILP “para hacer posible el debate y habilitar el proceso legislativo”. Tras conocer la negativa del Parlamento a tramitar la iniciativa, los sindicatos acusaron al Ejecutivo de ser un “siervo” al servicio de “una Confebask insaciable”.
La coordinadora de LAB Garbiñe Aranburu, que habló en nombre de estos sindicatos, señaló que “la batalla no ha terminado” y que es el momento de reforzar las movilizaciones para “presionar al gobierno y a la patronal”. El pasado mes, los sindicatos defensores de la ILP anunciaron movilizaciones , además de anticipar la presentación de una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco después de que Confebask ratificase, en una reunión celebrada con las centrales en la sede del Consejo de Relaciones Laborales, su rechazo a negociar un salario mínimo con los sindicatos. La patronal considera que este asunto debe abordarse con los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social -de la que no forman parte ELA ni LAB- y ligando esta negociación a otros aspectos, como el absentismo laboral y la productividad en las empresas.
La postura del Gobierno vasco, por su parte, es la establecer un salario mínimo pero siempre dentro del marco de la negociación colectiva y de los convenios. El Departamento de Economía planteó en julio un salario mínimo de convenio en Euskadi que oscilaría entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, a partir de un informe elaborado por el Ejecutivo. Ayer, los sindicatos UGT y CC.OO. se reunieron por separado con el consejero Mikel Torres, al que expresaron su apuesta por fijar un salario mínimo en la CAV “negociado siempre en convenio”.
