Ya está todo listo para que el Gobierno vasco asuma, a partir de este martes, la gestión de los permisos de trabajo a personas extranjeras. El pasado 24 junio se publicó tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y, a partir del 1 de julio, echa a andar esta deseada competencia para agilizar unos trámites que actualmente son demasiado largos. Y es que esto supone, hoy en día, un importante obstáculo para los inmigrantes en búsqueda de empleo. Un dato: hay más de 5.000 personas formadas en Labinde a la espera de regularizar su situación para poder trabajar y esto, en un momento de necesidad de mano de obra, ha hecho que los empresarios metan presión.

“El problema que existe actualmente es que hay muchísima demora entre que una empresa quiere contratar a una persona que está en situación irregular hasta que puede hacerlo”, explica Stella Ardiles, especialista en migraciones. El trámite puede tardar entre tres y cuatro meses y, desde que entró en vigor la reforma de Extranjería que reduce de tres a dos años el tiempo de residencia necesario para solicitar el arraigo, se ha creado un cuello de botella que todavía dilata más los procesos. Hasta seis meses. Las personas en situación irregular pueden recibir formación a través de Lanbide, pero necesitan una oferta de trabajo para regularizar su situación y, si el trámite se alarga, muchas empresas terminan desistiendo. “Una empresa no va a estar esperando ese tiempo”, reconoce Ardiles, de Migrantoria Consultoría.

Es por ello que, con este traspaso, el Gobierno vasco espera poder agilizar el proceso. A partir de ahora gestionará las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena o propia, para personas trabajadoras transfronterizas y para actividades de temporada. También lo hará en el caso de las autorizaciones para estancias de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicio de voluntariado o actividades formativas. La duración de las autorizaciones iniciales de trabajo será de un año y la relación laboral deberá desarrollarse en Euskadi. Y un requisito muy importante: la empresa que oferta el contrato de trabajo tiene que ser solvente y estar al día con los pagos.

Pero, aunque el Gobierno vasco asuma estas funciones, la legislación en materia de autorizaciones de trabajo a inmigrantes seguirá siendo competencia estatal y se basa en la ley de Extranjería recientemente reformada. Ahora hay cinco figuras de arraigo para acceder a la regularización: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. Y es en los casos de los arraigos sociolaborales y socioformativos en los que el Ejecutivo vasco se encargará de verificar los requisitos para agilizar la obtención del permiso. 

Además, podrá participar en las contrataciones en origen y actuará de ventanilla única para solicitar conjuntamente la autorización inicial de trabajo y el de residencia, si bien este último seguirá otorgándolo la administración del Estado, según Lakua.

“Con esta competencia y con la competencia en la homologación de los títulos, lo que quiere el Gobierno vasco es gestionar desde aquí perfiles que las empresas están demandando”, apunta Ardiles. “Y de lo que se va a ocupar es de toda la parte inicial de la solicitud. Por ejemplo, verificar un contrato de trabajo y que la documentación esté correcta. Hay dos procedimientos de arraigo que requieran de un contrato de trabajo, que son el sociolaboral y el socioformativo. Y, como el contrato tiene que ser de una empresa radicada en Euskadi, el Gobierno vasco se va a encargar de la verificación y eso va a suponer que el trámite se agilice”, detalla la experta en migraciones.

Ardiles ha recibido este traspaso como una buena noticia, aunque advierte de que los resultados no serán inmediatos. “Va a requerir su tiempo, pero es un paso adelante que va a facilitar las cosas”, concluye.