El lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido este martes que el cierre de la operación para la entrada del consorcio vasco liderado por Sidenor en Talgo se está enfrentando a más obstáculos de los esperados, fundamentalmente por el impacto de la multa de 116 millones de euros impuesta por Renfe a la compañía ferroviaria. Aun así, el lehendakari se mostró “optimista” y aseguró que el desenlace está “cerca”.
En su comparecencia para hacer balance del primer año de legislatura tras la reunión semanal del Consejo del Gobierno celebrada en Gasteiz, Pradales explicó que los avances en la denominada operación Talgo han sido más lentos de lo previsto inicialmente. “Pensábamos que iba a ser más sencillo, por las conversaciones previas a todos los niveles, tanto institucionales como privados”, afirmó.
Uno de los principales escollos es la sanción millonaria de Renfe, que afecta directamente al balance de Talgo y complica la estructura financiera del acuerdo. “Legalmente no se puede quitar”, puntualizó el lehendakari, quien admitió que se subestimó el impacto de la sanción. “Sinceramente, está siendo mucho más complicado porque no se puede eliminar algo que cuenta con todos los informes justificativos para que se aplique”, señaló. A pesar de ello, Pradales defendió que el acuerdo de compraventa con el fondo Trilantic –que posee cerca del 30% del capital de Talgo– “sigue en vigor” y subrayó que hay un “buen clima de diálogo y colaboración” con el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, confirmó que tres ministerios están implicados en la operación, lo que, a su juicio, “denota la complejidad que hay detrás”.
La prioridad ahora es reforzar el balance de Talgo y activar nuevas fuentes de financiación que permitan ejecutar el acuerdo de compraventa sin comprometer la viabilidad de la compañía. “Se está trabajando para activar la financiación bancaria suficiente para que Talgo pueda seguir operando y que, en términos de balance, su impacto sea limitado”, detalló Imanol Pradales.
El consorcio que aspira a tomar el control de Talgo está compuesto, además de por Sidenor, por las entidades financieras vascas Vital y BBK. La operación no solo busca trasladar el control de la empresa al tejido industrial vasco, sino también garantizar su futuro como actor estratégico en el sector ferroviario.
“La clave está en ver cómo se fortalece el balance, cómo se activan nuevas fuentes de financiación para hacer frente a los pedidos futuros y desarrollar nuevas capacidades industriales”, insistió el lehendakari. En su opinión, “lo más relevante no es solo el control de Talgo desde Euskadi, sino que tenga un futuro industrial sólido”. Pradales cerró su intervención con un mensaje de confianza: “Yo soy optimista. Creo que estamos cerca de que se cierre definitivamente esa operación”.
La compra de Talgo sigue en marcha, pero atraviesa dificultades importantes que han retrasado su cierre.
El principal obstáculo es esa multa de 116 millones de euros impuesta por Renfe a Talgo, que no puede eliminarse legalmente y afecta gravemente al balance financiero de la compañía. Esta sanción complica la financiación necesaria para completar la adquisición y ha obligado a replantear la estructura de la operación. Actualmente, las partes trabajan en fortalecer el balance de la empresa y en activar nuevas vías de financiación bancaria que permitan ejecutar la operación sin comprometer la estabilidad de Talgo.
Entrada de la SEPI
Esa financiación se podría conseguir con la posible entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la operación como vía para reforzar el balance de la compañía y desbloquear la compleja operación liderada por el consorcio vasco encabezado por Sidenor. Esta intervención, de producirse, se enmarcaría en el modelo de “rescate parcial” utilizado en otras operaciones recientes, en el que el Estado entra como accionista temporal o como respaldo financiero con garantías, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia o mediante préstamos condicionados. No obstante, esta vía se encuentra con otro obstáculo que está retrasando la operación, y es que previamente hay que conseguir el plácet de Bruselas para que la Comisión Europea no considere esta participación ayudas de Estado, algo completamente prohibido según la legislación comunitaria
Fuentes del sector apuntan a que el interés del Estado a través de la SEPI por Talgo no es nuevo, y recuerdan que la empresa participa en proyectos de alta tecnología y exportación, como el suministro de trenes a Alemania o Egipto.
El reloj, sin embargo, corre en contra de Talgo ya que la compañía tiene contratos internacionales en marcha y nuevas licitaciones a la vista, que exigen claridad accionarial y músculo económico.
