Luces y sombras del nuevo reglamento de extranjería que entra en vigor mañanaJavier Bergasa
El reglamento de extranjería que entra en vigor este martes en todo el Estado está orientado a satisfacer las necesidades del mercado de trabajo. Hay pocas discrepancias o dudas sobre esta afirmación. Así lo expresó el propio Gobierno español al aprobar el pasado noviembre la medida, cuyo objetivo es agilizar trámites y procesos como la reagrupación familiar o la regularización por motivos laborales y de formación.
La principal novedad es que homogeneiza las figuras de arraigo y reduce de tres a dos años el tiempo de residencia necesario para acceder a los llamados papeles. El nuevo reglamento establece cinco figuras: el arraigo social, el sociolaboral, el socioformativo, de segunda oportunidad y el familiar. Con este cambio, el Gobierno español espera que unas 300.000 personas puedan regularizar su situación cada año en los próximos tres.
Arraigo social. El solicitante debe aportar un informe qe acredite su integración social.
Arraigo sociolaboral. Sustituye al que hasta ahora era el arraigo laboral. Esta modalidad permite el arraigo a personas con dos años de residencia que tengan un contrato de trabajo de 20 horas semanales; antes eran 30 horas. De esta forma se beneficia a quienes trabajan a tiempo parcial o de manera intermitente.
Arraigo socioformativo. El requisito para acceder a él son dos años de residencia y la obligación de seguir programas de formación laboral en sectores con alta demanda. Con la nueva normativa, se podrá trabajar mientras se recibe la formación desde el primer momento.
Arraigo de Segunda Oportunidad. Es una figura nueva, creada para regularizar la situación de quienes hayan perdido su autorización de residencia en los últimos dos años por motivos no relacionados con el orden público, la seguridad o la salud. Por ejemplo, en aquellos casos en los que no se pudo renovar el permiso por desconocimiento o por encontrarse fuera del Estado.
Arraigo familiar. Dirigido a personas que tienen vínculos familiares con ciudadanos de nacionalidad española o con extranjeros regularizados en el Estado, como progenitores o tutores legales, hijos o parejas. Esta nueva figura incluye a todo aquel que acredite que está a cargo de un ciudadano español y permitirá reagrupar a hijos hasta los 26 años, frente a los 21 años que regía hasta ahora.
Sin embargo, el nuevo reglamento de Extranjería ha sido recibido con una sensación agridulce entre el colectivo inmigrante y las organizaciones sociales. Valoran la reducción del tiempo de espera para obtener la regularización y la simplificación de los procedimientos de arraigo, pero denuncian que supone un grave retroceso para las personas que han pedido protección internacional. Hasta ahora, los solicitantes de asilo cuyas peticiones eran denegadas podían iniciar los trámites de regularización a través del arraigo, sin embargo, la nueva normativa no tiene en cuenta el tiempo transcurrido y les obliga a pasar a la clandestinidad tras años trabajando y residiendo aquí.
En todo el Estado hay actualmente unas 270.000 personas que han pedido protección internacional alegando que su vida en su país de origen corre peligro. La ley indica que el solicitante deberá recibir una respuesta en un plazo máximo de seis meses, pero en la práctica este proceso suele durar más debido al colapso existente. El año pasado se registraron un total de 167.366 nuevas peticiones, todo un récord que coloca al Estado como el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes, solo por detrás de Alemania. En la CAV se registraron 4.853. La mayoría de ellas serán rechazadas. Solo hay que ver las últimas cifras divulgadas por CEAR. En junio del año pasado, en su balance anual por el día internacional del refugiado, detalló que 7.330 personas recibieron el estatuto de asilo y 3.833 una protección subsidiaria sobre un total de 88.042 resoluciones que el Ministerio del Interior resolvió a lo largo de 2023. Son muchas personas y por eso siete organizaciones, entre ellas Cáritas, CEAR y el Servicio Jesuita al Migrante, han recurrido esta parte de la norma ante el Tribunal Supremo.
Una polémica que, según publicaba este lunes el diario El País, está haciendo replantearse al ala socialista del Gobierno español su inacción frente a la Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria de inmigrantes. Una propuesta que llegó al Congreso hace un año tras recoger más de 700.000 firmas y que está atascada desde entonces. Esta medida beneficiaría a entre 475.000 y 530.000 personas que actualmente están en situación irregular –en la CAV son unas 20.000–, un reclamo respaldado por 900 asociaciones a largo de todo el Estado. Según la plataforma RegularizaciónYA, la ILP “tiene una perspectiva de derechos” frente a la “mirada economicista” de la norma de Extranjería porque abarca a todas aquellas personas que la reforma deja fuera.
“Cualquier reforma hace aguas en algún punto y esta tiene un fondo muy limitado, que es la ley de extranjería. Las leyes muchas veces se redactan con una distancia muy grande de lo que es la realidad. Y las personas en el día a día se encuentran con muchas dificultades para acceder a los requisitos”, explica Victoria Columba, responsable de comunicación de RegularizaciónYA. Hasta ahora, el Gobierno de Sánchez se había mostrado reticente a dar impulso a esta medida extraordinaria –a pesar de haberla apoyado en el Congreso– y apostaba a la nueva normativa para resolver la situación administrativa de miles de personas. Pero la posición del Ejecutivo, presionado por un sector productivo que demanda trabajadores, podría dar un vuelco.
Transferencia a Euskadi
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha participado esta mañana junto a la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, en la jornada celebrada en Gasteiz sobre el nuevo reglamento de extranjería. Según Torres, la reforma que entra ahora en vigor “tiene que servir para mejorar los procesos de inclusión de las personas migrantes en nuestra sociedad”, ya que tiene como objetivo fundamental “simplificar y agilizar los procedimientos de obtención de los permisos de residencia y trabajo”.
“Ni se puede mirar hacia otro lado, ni se puede obviar nuestra responsabilidad; lo primero que necesitan es regularizar su situación para que puedan insertarse en el mercado laboral”, ha insistido. “En Euskadi residen muchas personas extranjeras que quieren trabajar y desarrollar aquí su proyecto de vida (...) les necesitamos para afrontar los grandes retos que tenemos como país, como es el reto demográfico”, ha afirmado.
Torres ha recordado que la transferencia de los permisos de trabajo se materializará “en breve”. “Gracias a la transferencia estaremos más cerca de las personas migrantes, para que puedan regularizar su situación e iniciar su inclusión social a través del trabajo, y también de las necesidades de las empresas”, ha apuntado. En un comunicado, el Departamento de Empleo explica que el Gobierno vasco asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaba la Administración General del Estado en la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena y propia, las autorizaciones para actividades de temporada y la gestión colectiva de contrataciones en origen para profesiones de difícil cobertura.
Esta transferencia incluye también las tareas de verificación y acompañamiento hacia un permiso de trabajo socioformativo, en las que actualmente se trabaja desde Lanbide, para capacitar a las personas migrantes en la búsqueda de un empleo, así como las funciones de Inspección de Trabajo ligadas a las funciones transferidas.
Es importante explicar que el Gobierno vasco asumirá el trámite, pero deberá regirse por la normativa estatal, en este caso la que regirá a partir de este martes.