Donostia – El Tribunal Supremo ha establecido una nueva doctrina sobre las tarjetas de pago aplazado o revolving, aclarando que la falta de transparencia en sus cláusulas no implica automáticamente que sean nulas o abusivas. Esta decisión supone un avance para los consumidores ya que hace más fácil que se puedan presentar reclamaciones, aunque sigue siendo necesario recurrir a la vía judicial para resolverlas.
En dos sentencias dictadas el pasado 30 de enero, la sala de lo civil del Supremo detalla las exigencias que deben cumplir las entidades financieras al comercializar estas tarjetas, las cuales permiten a los clientes aplazar el pago de sus compras mediante cuotas periódicas. Este sistema alarga la amortización del crédito y genera elevados intereses, con el riesgo de que la deuda se prolongue indefinidamente.
Uno de los principales problemas de las tarjetas revolving es la estructura de amortización de la deuda. A diferencia de los préstamos personales tradicionales, en los que el capital prestado se devuelve en cuotas fijas y en un plazo determinado, estas tarjetas establecen pagos mínimos que cubren en su mayoría intereses, dejando el capital apenas reducido. Esto hace que la deuda se mantenga durante largos periodos y que el consumidor termine pagando cantidades muy superiores al crédito inicial.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las sentencias dictadas por el Alto Tribunal confirman que la que la mera falta de transparencia no basta para declarar nula una cláusula de manera automática.
Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) consideran que, aunque estas tarjetas tenderán a desaparecer con el tiempo, los bancos continúan obligando a los consumidores a litigar para recuperar su dinero. Según la asociación, estos productos han demostrado ser altamente perjudiciales para los clientes, ya que su mecanismo dificulta la amortización y genera situaciones de endeudamiento prolongado.
Esta asociación lleva años denunciando los efectos perjudiciales de estos productos financieros y lamenta la lentitud con la que avanzan los procedimientos judiciales. Actualmente, mantiene abiertas demandas colectivas contra varias entidades, como WiZink, Carrefour, CaixaBank, Santander y Bankinter. En el caso de Bankinter y Santander, los litigios fueron admitidos a trámite en 2021, pero aún no se han fijado fechas para el juicio.
Millones de euros en juego
Según el bufete Navas & Cusí, el Estado español es la región de Europa con las tarjetas revolving más caras, con un interés medio del 23%. Este despacho calcula que existen alrededor de 15 millones de tarjetas de este tipo en circulación, lo que supone un impacto económico potencial de unos 12.000 millones de euros para el sector financiero.
La plataforma reclamador.es advierte de que la deuda media de los afectados ronda los 2.000 euros, aunque en algunos casos puede superar los 20.000. Estos préstamos han proliferado debido a la facilidad de contratación y a la posibilidad de establecer cuotas bajas sin garantías adicionales. El problema es que la mayoría de los consumidores desconocen el funcionamiento real de estos productos y no son conscientes de cuánto tardarán en liquidar su deuda.
Desde la OCU y Asufin piden que se agilicen los procedimientos judiciales para que los afectados puedan recuperar su dinero sin tener que esperar años por una sentencia firme. Mientras, las entidades financieras han ajustado sus estrategias para evitar que sus productos sean considerados usurarios.
