La Fiscalía observa “relajación” en la prevención de riesgos laborales

La evolución de las muertes va pareja a la de accidentes totales con lesiones, tanto graves como leves, con 507.249 en 2023, frente a los 519.376 de 2022, una “ligera disminución” que no quita a la Fiscalía la certeza de que la siniestralidad laboral está aumentando desde 2014. “Ha vuelto a crecer la siniestralidad laboral en el país, sin que se tenga una certeza del motivo, aunque sí pudiera apuntarse hacia una relajación en el cumplimiento y aplicación de la normativa preventivo-laboral”, dice la memoria oficial.

El sector servicios sigue concentrando la mayor siniestralidad por el elevado número de accidentes de tráfico durante la jornada de trabajo, aunque la mayor mortalidad se mantiene en el sector de la construcción, seguido del agrario. Desde una perspectiva de género, las mujeres superan a los hombres en los accidentes in itinere (al ir o volver del trabajo) en el caso de sucesos no mortales, mientras que la mortalidad durante la jornada es mayor entre los hombres, al concentrarse el mayor riesgo en profesiones masculinizadas como la construcción.

ACTIVIDADES OCULTAS

No obstante, la Fiscalía señala que muchas veces la peligrosidad en las profesiones feminizadas se encuentra “dentro de actividades ocultas que escapan a las estadísticas”. La Fiscalía abrió 186 diligencias previas por homicidio imprudente en accidente laboral en 2023, lo que supone una “sensible disminución” respecto a los 186 procedimientos de 2022 que está en línea con la disminución de fallecimientos. La mayoría de los casos que entran en la jurisdicción penal derivan de accidentes que se han producido en el sector de la construcción, con las caídas en altura como primera causa.

La Fiscalía incide en que los fallecimientos por caídas podrían ser evitados “prácticamente en su totalidad, con una adecuada gestión, integración y aplicación de la actividad preventiva”. A cierre de año seguían pendientes en los Juzgados de Instrucción 466 causas por homicidio imprudente, 8 más que en 2022, en tanto que se presentaron 408 escritos de acusación, 30 menos que un año antes, y se dictaron 406 sentencias por los Juzgados de lo Penal, 26 menos. De acuerdo con la memoria, más del 80 % de la sentencias son condenatorias y el plazo medio para obtener el fallo se sitúa en 5 años y 8 meses para las condenas, y en 6 años para las absoluciones.

El retraso en resolver estos casos genera “efectos colaterales”, dice la memoria, que señala la demora en el cobro de las indemnizaciones por parte de las víctimas. Respecto a las indemnizaciones, se incide en la insuficiente cobertura de las pólizas de responsabilidad civil patronal, lo que supone que en ocasiones no se pueda cubrir el importe total al que tienen derecho las víctimas. La Fiscalía insiste, como ha hecho en años anteriores, en que es indispensable una especialización de los órganos judiciales para reducir los tiempos de espera, aunque también apunta a la necesidad de agilizar los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, “lo que se obtendría con un incremento de plantilla”. De hecho, UGT emitió hace escasas semanas un comunicado en el que considera que este panorama es “alarmante”, y se debe impulsar un plan de choque contra la siniestralidad laboral en la mesa de diálogo social. Para la organización, resulta esencial negociar cambios normativos en materia de prevención de riesgos laborales para adaptar la Ley a las nuevas realidades.