Iberdrola calcula que este año pagará en torno a 200 millones de euros debido al impuesto establecido por el Gobierno con el que se grava con el 1,2% las ventas de las energéticas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros anuales, que ya ha recurrido por vulnerar el derecho europeo, según señaló la empresa en la presentación de sus resultados correspondientes al ejercicio 2022.
No obstante, la empresa presidida por Ignacio Galán hizo ayer hincapié en que ya ha recurrido este gravamen ante los tribunales y subrayó que “espera ganar” esta batalla legal. “Hemos recurrido estas medidas arbitrarias y discriminatorias que solo afectan a algunos sectores (energéticas y banca), los cuales no están en una situación comparable. La medida tiene impacto sobre los ingresos y no sobre los beneficios extraordinarios. Consideramos que este impuesto incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo y no esperamos que este año haya una decisión de los tribunales, probablemente el año que viene”, indicó el director de los servicios jurídicos de la compañía, Gerardo Codes.
La empresa también se refirió a las medidas de la UE para contrarrestar la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, dotada con un paquete de 369.000 millones de dólares en subsidios verdes y que suponen, según distintos analistas, una amenaza de fuga de inversiones destinadas a la transición energética en Europa. Sobre ello, Galán opinó que las medidas que se están adoptando en la UE son “las adecuadas” y argumentó que antes de la creación de la Ley IRA ya se había repartido en torno al 40% de los fondos Next Generation dedicados a la transición energética.
