- Para paliar los efectos de la guerra en Ucrania en la economía vasca, el Gobierno Vasco anunció ayer medidas de financiación urgentes, entre las que se encuentran un convenio entre el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y Elkargi para activar una línea de financiación de diez millones (ampliables si fuera necesario) en créditos blandos para pymes que mantengan como socios comerciales a empresas ucranianas, rusas o bielorrusas y cuya actividad comercial y transacciones económicas se vean afectadas por el conflicto armado actual.
Según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, se concederán préstamos entre 50.000 euros y un millón, con un plazo de pago de tres años y una carencia de hasta doce meses, a un tipo de interés del Euríbor doce meses más un diferencial de 1,25%. “Las empresas pueden ir presentando las solicitudes en Elkargi desde ya, de forma que en dos semanas, tras suscribir el convenio, puedan ir formalizando los préstamos”, apuntó.
Será una vía de financiación de facturas pendientes de pago por importadores rusos, bielorrusos o ucranianos con una antigüedad máxima de seis meses a contar desde el 1 de febrero de 2022. Estos préstamos también servirán para la financiación de anticipos de pedidos realizados a proveedores rusos, bielorrusos o ucranianos con anterioridad al 24 de febrero de 2022 y cuya mercancía no haya sido recibida en la fecha pactada, así como para financiar las ventas recurrentes a estos tres países de los últimos tres años.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la incertidumbre de los mercados también puede hacer que el acceso a la financiación sea más caro o limitado o que los importes planteados a través de la línea de Elkargi no satisfagan por importe las necesidades de las empresas afectadas, el IVF va a poner a disposición de todas las empresas que se haya visto afectadas por el conflicto “todo su abanico de oferta de financiación existente”, en la modalidad de cofinanciación al 50% con entidades financieras, para buscar “soluciones ajustadas” a las necesidades de las empresas.
“Estas operaciones no tienen unas condiciones determinadas y fijas”, señaló Azpiazu, quien explicó que se trata de cubrir las necesidades que les han surgido a las empresas por la guerra, por lo que tanto los importes, plazos y tipo de interés se deben fijar conjuntamente con la entidad financiera con la que la empresa realiza sus operaciones.
“Es importante realizar un buen diagnóstico y que las decisiones que ahora se tomen sean consecuentes y adaptadas a las necesidades ciertas. Decisiones de cirugía fina y no de brocha gorda. Es importante amortiguar los efectos de la guerra y de las sanciones económicas cuanto antes, por efectividad y responsabilidad”, concluyó.
Un día antes, Azpiazu había participado en la Conferencia sectorial del Plan de Respuesta a la Guerra de Ucrania, donde el Gobierno Vasco reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que adopte, de manera urgente, medidas “eficaces” para amortiguar los efectos del conflicto y ayudas a los sectores más afectados. En concreto, solicitó actuar con “rapidez” ante el precio de la energía, medidas “inmediatas” para el sector del transporte y reclamó otras financieras para evitar que empresas sean inviables a corto plazo.
En concreto, el consejero de Economía urgió al Gobierno español a que se tomen, “de forma urgente”, en cada nivel institucional, “medidas concretas y eficaces” para ayudar a los sectores afectados por el conflicto.
825 millones. El Gobierno central ha autorizado a la CAV a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 825 millones de euros para atender necesidades transitorias de tesorería. Según señaló ayer el Ejecutivo español, Euskadi ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2022 mediante la renovación de pólizas de crédito con vencimiento en este año.
