El Congreso convalida el decreto que suaviza los recortes a las eléctricas

- El Pleno del Congreso convalidó ayer el decreto ley que exime del recorte de ingresos a las empresas generadoras eléctricas por el sobrecoste del gas a la energía cubierta por contratos a plazo. Junto a esta medida, el Gobierno aprobó en el mismo decreto ampliar la protección y las ayudas para los consumidores vulnerables.

Además del PSOE y Unidas Podemos, apoyaron la iniciativa Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Teruel Existe, el PRC, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El PP, Vox, Ciudadanos, EH Bildu, UPN, la CUP, Foro Asturias y el BNG se abstuvieron.

El Congreso rechazó además la tramitación del decreto como proyecto de ley, por lo que los grupos no podrán presentar enmiendas al mismo. Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que las medidas responden a la contención de unos precios de electricidad en “cifras astronómicas nunca vistas”, pero que en Europa son aún mayores a las de España. Así, indicó que España es junto con Polonia y Portugal, país con el que comparte mercado, el que menos precio registra pese a alcanzar los 228 euros por megavatio hora, frente a los 243 MWh en Alemania o los 302 euros MWh en Francia.

Ribera aseguró que la actual regulación “no vale para situaciones extremas” y defendió la marcha atrás en el recorte a los ingresos de las eléctricas, justificándolo en la necesidad de cubrir la energía ajena a los mercados mayoristas y en que el recorte de ingresos afectará a los precios asumidos por las grandes industrias.

También destacó la obligación de los productores de energía de remitir información a la CNMC de sus contratos a plazo, tanto física como financiera, incluidos los verticalmente integrados (las grandes eléctricas, que son generadoras y comercializadoras) para comprobar “cómo se forman los precios” y asegurar “un reparto justo de los costes y un acceso justo a los beneficios”.

Otro de los apartados del decreto permitirá a los consumidores vulnerables acogidos al bono social disponer de un descuento en la factura del 60% en lugar del 25% habitual, y del 70% en lugar del 40%, si está considerado vulnerable severo.