l sector del automóvil en toda su cadena de valor, desde los fabricantes de vehículos pasando por los de componentes y terminando por los concesionarios, no acaba de tomar velocidad de crucero, al igual que sí lo están haciendo otras actividades industriales que empiezan a situarse en valores preCovid-19, dentro del proceso de recuperación en el que está inmersa la economía vasca, a medida que va avanzando el ejercicio.

La industria de la automoción ha ido encadenando dificultades de manera casi secuencial desde la crisis económica de 2008, la demonización del diésel, las exigencias medioambientales para los vehículos, la transformación hacia el coche eléctrico, la paralización de la actividad por la pandemia y, ahora, la escasez de los semiconductores, cuya falta de suministro está provocando parones muy importantes en las líneas de producción de los fabricantes.

Está circunstancia está haciendo que exista una demora de unos seis meses de media en la entrega de los coches a los clientes por parte de los concesionarios. Y el problema no va a ser de fácil solución en el tiempo, ya que los fabricantes estiman que el abastecimiento de los microchips no se ajustará a la demanda del sector, al menos, hasta finales del primer semestre de 2022.

Las ventas de coches están cayendo mes a mes, según los datos que cada 30 días facilitan las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores y reparadores. El pasado mes de agosto las ventas de automóviles sufrieron un descenso en Gipuzkoa del 55,7%, respecto del año anterior, mientras que la caída en el conjunto de la CAV fue del 52,7%, siendo la comunidad autónoma con peor registro de todo el Estado con una bajada en conjunto del 29%.

Estos datos vienen a corroborar que el Plan Renove que el Gobierno Vasco puso en marcha el pasado mes de mayo, no está funcionando como acicate para dinamizar el mercado y la compra de coches por la reducida lista de vehículos subvencionables, en su mayoría, vehículos de combustión alternativa.

Ante esta situación, hay administraciones que están reaccionando para ayudar a dinamizar el mercado y el consumo y otras que, a pesar de que en el pasado mostraron cierta sensibilidad en este asunto, incluso siendo pioneras en el Estado, ahora se mantienen en un perfil bajo, a pesar de contar en su territorio con un potente sector de automoción, que supone el 28% de su PIB, siendo además una de las comunidades con mayor concentración de fabricantes de componentes con destino a la automoción.

En el primer caso, se encuentra el Ayuntamiento de Madrid que acaba de poner en marcha un plan de ayudas para subvencionar la compra de vehículos con tecnologías bajas o nulas emisiones a la atmósfera por un importe de cuatro millones de euros, ampliables en 1,5 millones más. Las ayudas no solo se dirigirán a la adquisición de coches eléctricos o híbridos enchufables y de bateria, así como los que utilizan el gas como combustible, sino también los de combustión diésel y gasolina. Los primeros tendrán una subvención de 6.000 euros, más 2.500 euros por achatarramiento de un vehículo contaminante, mientras que en los segundos las ayudas serán de 3.000 euros, en tanto que los compradores de coches de combustión convencional recibirán una cuantía de 2.500 euros.

Con este plan, el Ayuntamiento de Madrid, no solo favorece la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad provocados por el tráfico rodado e impulsa la movilidad sostenible, sino que también contribuye a la renovación del parque automovilístico al retirar de la circulación los coches más contaminantes.

Otra de las novedades de este paquete de ayudas es que contempla también subvenciones por valor de 500.000 euros, ampliables a un millón el próximo año, para la adquisición de motocicletas y ciclomotores eléctricos, así como vehículos de movilidad personal como son las bicicletas eléctricas y los patinetes. También recoge ayudas para la instalación de puntos de recarga eléctrica en la ciudad, tanto para flotas urbanas con alto volumen de recorridos, como en lugares de trabajo, así como aparcamientos de residentes y comunidades de propietarios. A este fin, el consistorio madrileño va a destinar 12 millones de euros en tres años con el fin de financiar un total de 1.900 puntos de recarga en tres años.

Los puntos de recarga es una cuestión que debe estar desrregularizada para que puedan entrar otros actores vinculados con el sector de la automoción, con el fin de ampliar su abanico de servicios y atención a los clientes, y no circunscrita a las compañías energéticas. La propuesta del consistorio madrileño puede ir en esa dirección.

Y mientras Madrid impulsa la compra de vehículos y Catalunya acaba de adherir al Plan Moves III para subvencionar la compra de coches electrificados, así como la instalación de infraestructuras de recarga, Euskadi sigue inamovible en su Plan Renove puesto en marcha en el mes de mayo, a pesar de que hasta los primeros días del pasado mes de agosto, según datos del Ente Vasco de la Energía (EVE), solo se habían tramitado 503 solicitudes, poco más de la décima parte de las registradas hace un año con el anterior plan. En septiembre del año pasado, el Plan Renove, dotado con 10 millones de euros, ya estaba agotado.

Esta realidad pone de relieve el divorcio que existe entre lo que se pretende por parte de la Administración y la realidad que viven los consumidores porque los coches susceptibles de subvenciones siguen siendo caros para sus bolsillos, a lo que hay que sumar la ausencia de infraestructuras de recarga necesarias para garantizar una movilidad mayor y más amplia.

Al igual que ocurrió el año pasado, el Euskorenove debe ser modificado y ser más ambicioso con un aumento de las subvenciones e incorporar vehículos diésel y gasolina, con el objetivo de renovar también el parque automovilístico con vehículos menos contaminantes, e incorporar otros vehículos como las motocicletas y ciclomotores eléctricos, teniendo en cuenta las restricciones a la circulación de vehículos contaminantes que van a adoptarse en los centros de las ciudades. Las ayudas a la instalaciones de puntos de recarga también deben de ser también contempladas.

Para ello, en contra de lo que ha ocurrido en esta edición, se debe contar con la opinión del conjunto de los concesionarios vascos para hacer un análisis de situación y tener un conocimiento más próximo de la realidad del mercado, al igual que se hizo en anterioridad. Cambiar de interlocutores, algunos con ciertas dudas sobre su representatividad, cuando ya se tenía una experiencia previa de años, parece que no ha sido acertado. Rectificar es de sabios.