- La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, volvió a mostrar ayer su rechazo al acuerdo sobre interinos alcanzado en Madrid porque invade competencias y limita la capacidad de organizar la plantilla de la Administración vasca. Sin embargo, todavía es pronto para plantearse la presentación de un recurso. Primero hay que conocer el texto íntegro para realizar un análisis jurídico y buscar resquicios que sostengan una apelación con garantía de éxito.

Lo que si tiene claro el Gobierno Vasco es que seguirá “adelante” con su vía de consolidación de plazas. El plan para atajar la interinidad en la administración cocinado por el Gobierno central y los sindicatos tuvo ayer su eco. Dos de los firmantes del acuerdo en Madrid, CCOO y UGT, pidieron su aplicación inmediata en las administraciones vascas y el consejo de ministros aprobó el Decreto de Ley que le da armazón jurídica.

La portavoz del Ejecutivo español, María Jesús Montero, confió en que, con los cambios en la normativa, este proceso de estabilización sea el último que necesite el sector público: “Siempre decimos que va a ser el último, en esta ocasión esperemos que así sea”.

Al término de la reunión semanal del consejo del Gobierno Vasco, su responsable en la materia mostró una posición muy crítica. Garamendi afirmó que por una parte se mantienen una tasas de reposición que “limitan” a Euskadi en su capacidad de decisión sobre cuál es el numero de plazas y puestos que se sacan a ofertas de empleo. Además, se plantean “plazos que son los marcados por el Estado sin atender a la realidad de lo que la Comunidad Autónoma necesita en cuanto a sus necesidades de personal”. De modo que, cuando se conozca el texto en “su integridad”, se realizará un análisis jurídico y se decidirá si se recurre o no el acuerdo.

Hay en todo caso cuestiones que el Gobierno Vasco considera que están blindadas. Entre ellas las pruebas especiales previstas para interinos con más de ocho años en el puesto, Garamendi considera que el acuerdo de Madrid no impedirá convocarlas.

Las reservas judiciales que existían al respecto -el Constitucional anuló las disposiciones adicionales que regulaban esas pruebas en la Ley de Cuerpos y Escalas de los funcionarios- han sido subsanadas en el proyecto de Ley de Empleo Público, que fue precisamente aprobado ayer por el consejo de Gobierno.

“En esta ley, recogemos nuevamente los condicionantes de la disposición adicional, hablamos de procesos de consolidación con una valoración superior a las personas que trabajan en administración y entendemos que eso es compatible con cualquier otra formulación que se pueda llevar a cabo”, afirmó.

La Ley de Empleo Público regula la actividad de más de 100.000 trabajadores e incorpora instrumentos de ordenación y profesionalización como el sistema de la evaluación del desempeño directamente ligado con la carrera profesional. El proyecto asienta “en toda su extensión” el modelo vasco en el ámbito del empleo publico en la medida que se aborda “el conjunto de los aspectos” relativos a este sector, indicó Garamendi.

Una ley “propia”. El sindicato LAB reivindicó ayer, frente a “los cambios normativos impuestos por el Gobierno español”, una ley “propia” de consolidación de trabajadores interinos de la administración vasca para poner fin a “la situación de precariedad que sufren miles de trabajadores vascos”. En un comunicado, LAB señaló que las modificaciones del pacto sobre interinos de Madrid no solucionan el problema en Euskadi porque “no tiene en cuenta la realidad y las necesidades de las administraciones vascas”.

“Realizaremos un análisis jurídico y de procedencia o no del recurso cuando se conozca el texto”

Consejera de Gobernanza Pública