- La reforma laboral es, tras el ajuste del sistema de pensiones, el otro punto donde la coalición de Gobierno en España quiere desmarcarse de las medidas adoptadas por anteriores Ejecutivos del PP. En este sentido, la representante del ala más beligerante del Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que la reforma de la contratación que negocia con los agentes sociales fijará como tipo de contrato ordinario el indefinido e impulsará el fijo discontinuo para circunstancias que ahora se cubren con contratos temporales. Además, su departamento quiere limitar los cambios unilaterales de las condiciones laborales por parte de las empresas.

Respecto a la precariedad en el empleo y para defender su postura en este campo, Díaz argumentó que la elevada temporalidad del mercado laboral español es una anomalía que hay que corregir, algo que también demanda, una y otra vez, la Unión Europea.

No hay que olvidar que la organización empresarial española CEOE reclama una mayor flexibilidad para las empresas, algo que la ministra considera que no está reñido con cubrir las tareas productivas temporales con contratos fijos discontinuos , citando como ejemplo el sector turístico de Baleares, donde se recurre mayoritariamente a esta figura.

Yolanda Díaz reivindicó el que, por primera vez, un Gobierno español va a abordar la excesiva temporalidad laboral y aseguró que lo importante es que todos los agentes sociales “saben que es una anomalía en nuestro país”.

Por otra parte, la reforma laboral que prepara el departamento de Yolanda Díaz, según El País, quiere limitar la modificación sustancial de condiciones de trabajo que facilitó el cambio normativo del PP de 2012 siempre que se diese una caída de actividad económica durante tres trimestres. Así, de prosperar la propuesta que cuenta con la oposición frontal de la patronal y posiblemente de Bruselas, se acotarán las causas igualándolas a las del despido colectivo; el procedimiento para los cambios colectivos se reformará incorporando a los sindicatos donde no haya representación legal, lo que supone un mayor control del proceso porque se externaliza mientras que antes se hacía una comisión interna ad hoc; se limitará la duración de las modificaciones vinculándolas a lo que duren los hechos que han justificado los cambios, y se exigirá en las modificaciones colectivas que se determine con exactitud las nuevas condiciones.

Como se recordará, estos cambios afectan a la jornada, el horario, los turnos, la remuneración, el sistema de trabajo o las funciones. Antes, si perjudicaba al trabajador, este podía marcharse con una indemnización de 20 días. Ahora bastará con que no lo acepte.

Respecto a las propuesta de Trabajo, la primera oposición pública desde el mundo empresarial ha sido la del sector de construcción.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alertó que la posible desaparición del contrato fijo de obra sería “devastador para la recuperación económica”, teniendo en cuenta que el sector representa casi el 10% del PIB, da empleo a cerca de 1,3 millones de personas y será decisivo para canalizar en torno al 70% de los fondos europeos.

La patronal difundió este mensaje coincidiendo con las medidas propuestas por el Gobierno español a los agentes sociales de cara a la reforma laboral, que pretenden modificar las condiciones de contratación para combatir la contratación temporal.

Sin embargo, la CNC defiende la permanencia del contrato fijo de obra, al considerar que su litigiosidad y conflictividad laboral en los tribunales “ha sido prácticamente nula, demostrando su eficacia como fórmula contractual consensuada entre trabajadores y empresarios desde su creación”.

2012

La coalición de Gobierno en España formada por el PSOE y Unidas Podemos quiere eliminar los cambios legislativos más importantes realizados por los últimos gobiernos del PP, como es el caso de la reforma laboral.